El PSOE convocará un comité federal tras el acuerdo con Sumar para lanzar una consulta a las bases y avalar la negociación de investidura

Ferraz convocará un Comité Federal después de cerrar el acuerdo de Gobierno con Sumar. El máximo órgano del partido entre congresos se reunirá así en pleno contexto de negociaciones para la investidura, según ha podido saber este diario. La investidura, todavía sin fecha, se afronta desde el PSOE con un ruido orgánico contenido por el velo de discreción con el que se están desarrollando las conversaciones. Según fuentes de la dirección, el objetivo de la convocatoria del Comité Federal, que lleva sin reunirse desde que ratificó las listas para las elecciones del 23-J, pasa por aprobar la consulta obligatoria y vinculante a las bases sobre los pactos de coalición y, entre otras cuestiones, votar la redacción de la pregunta o cerrar el censo de militantes con cuota al corriente de pago llamado a las urnas. En 2019 se situó en 178.600, sumando a PSOE, PSC y las juventudes de ambas organizaciones hermanas.

Según fuentes de la secretaría de Organización, la pregunta se ceñirá al acuerdo de coalición con Sumar. "La consulta es la que reflejan los estatutos", concluyen las mismas fuentes. Esto es, el acuerdo de gobierno en base al pacto programático, lo que cerraría la puerta a que se pueda preguntar por la amnistía los acuerdos con otros socios potenciales. Hace cuatro años, los socialistas lanzaron la siguiente pregunte: "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?". En el momento de recibir este aval no habían alcanzado ningún acuerdo con ERC para su necesaria abstención.

Se prevé que el pacto con el partido de Yolanda Díaz se firme a lo largo de esta semana, por lo que el Comité Federal se podría celebrar este mismo sábado o el siguiente. Se espera que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, marque posición sobre las negociaciones. Principalmente, sobre la ley de amnistía, ya en un principio aseguró que lo haría tras recibir el encargo del jefe del Estado para su investidura y, después, tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Pese al foco en la amnistía y las negociaciones con Junts, en la mayoría de federaciones del PSOE coinciden en negar que ni entre sus bases ni entre sus votantes haya una especial inquietud por un pacto de investidura con los independentistas bajo la premisa de amnistiar a los encausados por el ‘procés’. En la dirección de Ferraz se compara el impacto de la amnistía con el de los indultos para minimizar su coste electoral y encuadrarla en el relato de la desjudicialización. De que Cataluña está mejor que en 2017 gracias a las medidas en favor de la “convivencia”.

“La prioridad”, según concluían la pasada semana la mayoría de barones socialistas, es que “se forme gobierno”. “Ya veremos cuando haya avances si hay más debate [sobre la amnistía], pero lo que quiere el PSOE es un gobierno de Pedro Sánchez”, zanjaban desde una de las federaciones.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fijaron octubre como fecha límite para alcanzar el acuerdo de programa para un futuro Gobierno de coalición. A una semana de que acabe el mes, ambas partes confían en poder cumplir los plazos, en medio de unas intensas negociaciones de última hora que avanzan a buen ritmo, pero que han tropezado con la reducción de jornada, una condición que Sumar sitúa como "imprescindible" y que el PSOE se niega a incluir.

Reticencias sobre el proceso autonómico

El debate territorial genera un recelo más transversal que la amnistía en las filas socialistas. Con que el debate sobre el modelo de Estado derive en asimetrías territoriales en un momento en el que tanto Junts como PNV han puesto sobre la mesa la necesidad de superar el actual marco y reconocer a Cataluña y Euskadi como naciones. Precisamente, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, trataba de tranquilizar a los suyos el pasado jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado al defender un proceso autonómico “simétrico y no asimétrico”. Esto es, “la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica entre territorios como meta de ese proceso autonómico, compartido y no excluyente, en el que cabemos todos”. 

En el debate previo a la Declaración de Granada, que reactualizó las bases sobre el modelo territorial defendido por los socialistas, el PSC se quedó solo en reivindicar la pluralidad nacional del Estado. Ante ello, los socialistas catalanes aceptaron como límite el reconocimiento a las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas, como la lengua propia, la cultura, la foralidad, los derechos históricos, la insularidad, la organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.