El exnúmero dos de Interior Paco Martínez recurre para que el PP también sea condenado en Kitchen

La defensa del que fuera número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del instructor del caso Kitchen que impide que el Partido Popular pueda ser condenado como responsable civil a título lucrativo por el espionaje al extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas.

En un escrito de apelación que firman los abogados de Martínez, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, se pide expresamente la anulación del auto de apertura de juicio oral dictado a finales de la semana pasada en lo referido a la prescripción de la responsabilidad civil del PP.

"Para esta parte es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil, o incluso que la suspensión de una hipotética condena puede pasar por el pago de la responsabilidad civil, cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia tiene nuestro representado", señala el recurso al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La defensa recuerda que, según el auto de procesamiento y los escritos de acusación, los encausados --entre ellos el ex ministro de Interior 

Jorge Fernández Díaz

 y el ahora comisario jubilado 

José Manuel Villarejo

--, "decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada al señor Bárcenas siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados".

Por esta razón, según la representación letrada del excargo de Interior, el magistrado Manuel García-Castellón acoge una tesis "exótica" y "ajena a línea jurisprudencial alguna" al establecer que la acción civil habría prescrito al no haber citado nadie al PP como responsable civil hasta este momento. "Un planteamiento de esta naturaleza podría afectar, por absolutamente novedoso, a accidentes laborales en los que hay seguros y empresas causantes del delito contra los derechos de los trabajadores, delitos fiscales, contra la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, delitos con aseguradoras detrás (...) donde nunca jamás ha prosperado una alegación de esas características", explican los letrados.

¿Por qué no se pidió imputar al PP como persona jurídica?

Por otro lado, la defensa de Martínez incide en su recurso en que “misteriosamente” ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado y “aún más misteriosamente” la familia Bárcenas, PSOE y Podemos se “han olvidado” de pedir la imputación de la formación hoy liderada por Alberto Núñez Feijóo como persona jurídica en la causa, habiéndose acusado de delitos como descubrimiento y revelación de secretos a los cargos políticos y policías que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP.

En el escrito también se solicita la anulación de la fianza de 120.000 euros impuesta al que fuera secretario de Estado de Seguridad para hacer frente a las responsabilidades a las que podría ser condenado. Subsidiariamente, su defensa plantea que, en todo caso "se equipare la responsabilidad civil de nuestro cliente a la de la responsabilidad civil más baja establecida" que es de 2.000 euros. 

Para la defensa, "la señalada divergencia de cantidades, además de carecer de una absoluta falta de motivación", tampoco se compadece con lo dispuesto en la ley porque "las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado cifran por debajo de los 60.000 euros el supuesto fraude a los fondos reservados, con lo que es imposible alcanzar la cifra impuesta", a Francisco Martínez.

Reprocha asimismo que "el auto no justifica, ni siquiera mínimamente, por qué se imponen cantidades tan distintas entre unos supuestos coautores y otros, cuando, si existe condena civil, esta será solidaria entre todos los coautores".