La Delegación del Gobierno en Catalunya retira las vallas protectoras de su sede al ver mejorada la "convivencia"

La visita este viernes a Barcelona del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, no solo tenía el propósito de reunirse con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, o fijar posición sobre las negociaciones de investidura. También se ha hecho coincidir con la decisión de la Delegación de retirar las vallas que desde hace años protegían el perímetro del recinto, el Palau Muntaner, situado en la confluencia entre la calle Mallorca y la calle Roger de Llúria. Con este gesto el Gobierno defiende que se demuestra la "mejora de la convivencia en Catalunya" donde hay "un diálogo abierto y cooperación constante entre las diferentes administraciones".

Las vallas eran un engorro para los transeúntes, ya que en ese punto no podían pasar por la acera y tenían que buscar caminos alternativos. Este viernes, el delegado en Catalunya, Carlos Prieto, y el ministro han paseado con normalidad. Para Prieto, la eliminación de las vallas "supone acabar con las barreras físicas y simbólicas" que había en la sede de la delegación.

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El PSOE siempre discute con el independentismo si lo del 'procés' ha sido un problema de "convivencia" en Catalunya. El presidente Pedro Sánchez así lo ha sostenido siempre, mientras que ERC y Junts lo niegan porque, según ellos, es un "conflicto político". Con la retirada de las vallas, el Gobierno busca abonar un doble mensaje: era un problema de convivencia y, con el PSOE, la situación ha mejorado.

Las vallas para proteger la delegación se colocaron durante los momentos álgidos del 'procés'. Algunas de las manifestaciones del independentismo acaban delante de la Delegación. En ocasiones, las concentraciones se convocaban directamente allí. Algunos de los episodios especialmente tensos se vivieron con las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del 1-O.

El Gobierno ha querido dejar claro que el Palau Muntaner mantendrá el dispositivo de seguridad previsto por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cualquier edificio oficial. La primera prueba la tendrá este fin de semana y no será por ninguna marcha soberanista. Cerca de allí Societat Civil Catalana (SCC) ha convocado su protesta contra la amnistía.