El juez archiva la pieza de Drago Capital, en la que se investigaba a Oleguer Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la pieza separada que seguía contra Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, por el delito fiscal y el blanqueo de capitales que se ha investigado si cometió con las operaciones inmobiliarias realizadas a través de Drago Capital. A diferencia de lo que decidió hace un año, el magistrado considera ahora que de lo instruido "no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

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En un auto de apenas una página, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, el titular de Juzgado Central de Instrucción número da por concluida la instrucción y señala que, "pese a las diligencias practicadas, no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal".

Con esta decisión la única causa a la que tendrá que enfrentarse Oleguer Pujol será la del llamado caso Pujol, por la fortuna que la familia ocultaba en Andorra, en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él una pena de ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro de asociación ilícita. Es la misma pena que se solicita para cada uno de sus hermanos, salvo Jordi y Josep. El primero se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel, por haber sido el encargado de gestionar el patrimonio familiar, y el segundo de 14. Para el 'expresident' la petición fiscal es de nueve años de cárcel.

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Ya dentro del caso Pujol

Parte de la pieza ahora archivada coincide con los hechos que se le atribuyen en el caso Pujol. Anticorrupción sostenía que entre 1992 y 2000 se ingresaron 116 millones de pesetas (697.174 euros) en su cuenta en Andbanc, a través de 10 transferencias de cuentas de su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al que sus padres encargaron gestionar el patrimonio familiar. Desde allí salieron distintas aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners y a realizar distintas inversiones en Panamá. La cuenta se cerró en 2010 con una disposición en efectivo de 100.000 euros, otra de 73.000 libras y una transferencia a una cuenta de Andorra de 800.000 dólares.

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, adscritos a esta pieza desde sus orígenes, se centraron en el recorrido que hicieron las comisiones derivadas del llamado Proyecto Brick, por el que se procedió a la compraventa de decenas de sucursales del Banco Santander, a través de varios contratos cruzados y acuerdos verbales entre distintas sociedades (Sun Capital Partners, ARD Choille e Aegle International).

Según argumentaba Anticorrupción, que ahora ha mostrado su conformidad con el archivo, parte del dinero acabó en distintos paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes y en Guernesey. La policía concluyó que los pagos por la compraventa de inmuebles de la entidad bancaria se camuflaron a través de contratos firmados con ARD Choille y Marway, controladas por la empresa de servicios de planificación fiscal con sede en La Haya ITPS Group. Para determinar el destino del dinero se cursaron varias comisiones rogatorias, entre ellas, a Holanda.