La Audiencia Nacional calcula poner fecha al juicio del caso Pujol a partir de septiembre

Dos años después de que la fiscalía presentara su escrito de acusación, el procedimiento abierto en 2012 contra el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, aún no se ha elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para ser juzgado. El motivo es que la defensa de Jordi Pujol Ferrusola todavía no se ha dado por satisfecha con las labores de expurgo que está realizando desde entonces para eliminar del procedimiento toda referencia privada que no deba incluir.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le acaba de dar un plazo último de dos meses para poder concluir esas labores, lo que si nada lo vuelve a impedir, le permitirá elevar en septiembre el sumario a la Sala de lo Penal para que el tribunal que lo juzgará por fin pueda poner fecha para ello, señalaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. Ello tampoco significará que la vista oral se vaya a celebrar de forma inmediata, puesto que tienen preferencia los procedimientos con preso y en esta causa no hay ninguno. Además, la huelga, primero de letrados de la Administración de Justicia y luego de funcionarios, ha supuesto un retraso en el calendario de señalamientos previsto, cuando ya se veía improbable que el juicio de los Pujol se pudiera celebrar en 2024.

De ahí que las fuentes consultadas vean muy complicado que el juicio contra la familia del expresidente catalán pueda fijarse antes de 2025. Para entonces Jordi Pujol Soley, que sufrió un ictus el pasado verano del que se recuperó, tendrá 95 años de edad. Su esposa, Marta Ferrusola, ya quedó fuera del procedimiento por demencia sobrevenida. Ambos habían sido imputados en la causa en diciembre de 2015, cuando se les citó a declarar para dos meses después.

Tres años

El anterior instructor del caso Pujol, José de la Mata, dio por concluida la instrucción en julio de 2020, cuando propuso juzgar al expresidente catalán y a toda su familia por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con actividades corruptas. Parte de ellas, precisaba el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat por Jordi Pujol Soley (1980 y 2003).

Una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia confirmó la decisión del instructor de dar por concluida la investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en mayo del año siguiente, en el que pedía 9 años de prisión para el expresidente catalán y para cada uno de sus hijos, menos para el primogénito, cuya petición de pena se elevó a 26 años de cárcel y para Josep, para que el pidió 14. La defensa solicitó la libre absolución de todos los miembros de la familia en octubre, lo que en circustancias normales habría supuesto que en ese momento todas las diligencias se elevaran a la Sala de lo Penal para buscar fecha para la celebración del juicio.

Intervención ministerial

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En el caso Pujol eso aún se ha producido porque la defensa que ejerce el abogado Cristóbal Martell, lleva desde entonces cribando la causa para retirar las referencias personales, una diligencia que acabó teniendo que ser autorizada por la Sala de lo Penal ante el intento del instructor de acelerar la diligencia y evitar retrasos sucesivos. El Ministerio de Justicia tuvo que intervenir para comprobar si había algún problema en los archivos que la familia denunció a través de un acta notarial que no podía abrir.

Para evitar que la situación siga alargándose, el actual instructor del caso decidió citar en el juzgado a los técnicos del ministerio encargados de la comprobación. Ante el magistrado comprobaron que no había problemas de acceso en ningún documento, lo que impedirá a la defensa volver a alegarlo y prolongar aún más el expurgo. Tras darle dos meses para que concluya sus trabajos y ser agosto inhábil judicialmente, salvo imprevistos, el Juzgado Central de Instrucción número 5 estará a disposición de remitir a la Sala de lo Penal en septiembre las actuaciones.