Hasta tres años de prisión por vender y comprar votos

Vender o comprar votos en unas elecciones está penado por la ley en España. Según confirma el bufete de abogados Legálitas, "los que soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector por medio de recompensa, remuneraciones o promesas o le induzcan a la abstención serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses". Las irregularidades detectadas en la recta final de esta campaña electoral de las municipales y autonómicas de este 28 de mayo tendrán una repercusión en los tribunales.

¿Qué sucede si se detecta la compra de votos por correo?

Hay que dar cuenta a la Junta Electoral como a la Fiscalía o fuerzas del Orden, ya que nos encontramos ante un delito.

¿Es legal vender el voto?

Legálitas señala que no es legal, ya que el voto es libre y secreto. Y, por lo tanto, la libertad del voto tiene que ser total, no puede mediar un obsequio, está prohibido por la ley electoral. En este sentido, la ley electoral en su artículo 146 hace referencia a la parte activa del delito. Es decir, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o le induzcan a la abstención. Si existen pruebas de que un empresario o contratador obliga a su empleado a votar una determinada acción, la pena será de entre esos seis meses y tres años.

Si se ha aceptado vender el voto, ¿qué consecuencias tiene?

Si no está permitido comprar el voto, la venta tampoco. Si bien la responsabilidad penal de autoría es la parte activa (la compra), aunque el juez puede considerar que quién vende su voto pueda ser cómplice o cooperador necesario del delito. Sin perjuicio de las consecuencias de poder incurrir en otros delitos como miembro de organización criminal, blanqueo de capitales, etc.

Si se ha invalidado el voto por correo porque se vendió ¿El que vendió el voto está incapacitado para votar de forma presencial?

Legálitas recuerda que al elegir votar por correo y, conforme al artículo 73.3 de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, no se puede ya votar presencialmente.

¿Qué consecuencias hay para los autores de la compra de votos?¿Y si es un funcionario?

Conforme al artículo 146.1. a) de la Ley orgánica del Régimen Electoral General se establece una pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. En el caso de que el autor sea funcionario público, además, de las penas ya reseñadas, se impone la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años, tal y como establece el artículo 146.2 de la ley.

¿El voto por correo se invalida en su totalidad o cómo afecta a las elecciones?

Hay un principio general que es el de mantenimiento del negocio jurídico que también informa al derecho administrativo, es decir, la parte nula no anula a la parte válida. Legálitas expone que en referencia a la invalidez de todo el proceso del voto por correo hay que ser muy cauto, ya que se trata del ejercicio de un derecho fundamental. Sin embargo, la Junta Electoral tendrá que valorar cuál el nivel de influencia de una irregularidad sobre el resultado (si se han introducido esos votos en la urna, la localización de esos votos irregulares, si tienen incidencia o no sobre el reparto de los elegibles, etc.) Ponderando estas circunstancias la Junta Electoral tomará la decisión que crea más acorde al derecho. Los representantes de las candidaturas habrán de dirigirse a la Junta Electoral y solicitar las medidas que estimen oportunas.