Elecciones 28-M

Cesado el consejero de Coalición por Melilla imputado en la compra de votos por correo

El presidente de Melilla destituye a Mohamed Ahmed Al-lal un día después de haber sido detenido por su presunta implicación en una trama de votos por correo

Cese del consejero de Coalición por Melilla detenido ayer por su presunta implicación en el fraude electoral

Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

Redacción / Agencias

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El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado este miércoles al consejero Mohamed Ahmed Al-lal detenido por la supuesta trama dedicada a la compra de votos por correo.

Ahmed Al-lal era responsable de la Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana. El Gobierno de Melilla ha comunicado el cese del número tres del partido Mustafá Aberchan, que ha sido publicado en un boletín oficial extraordinario.

La Policía Nacional está investigando una supuesta trama de compra de voto por correo en la ciudad autónoma de Melilla que se focaliza en ambientes relacionados con el narcotráfico local. De dos bandas habrían salido los peones de la trama, delincuentes melillenses encargados de ofrecer a familias empobrecidas entre 50 y 200 euros -”para el Mercadona”, decía uno de los compradores- y de prometer puestos de trabajo cuando se formara un nuevo gobierno local.

Según el decreto firmado por Eduardo de Castro y publicado de urgencia en el 'Boletín Oficial de Melilla', De Castro dispone "el cese de D. Mohamed Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, revocándole en su caso todas las delegaciones efectuadas por esta Presidencia". La destitución el consejero llega un día después de que el propio presidente, tras la detención de Mohamed Ahmed y otras nueve personas más entre lunes y martes por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo, avanzara que "cesaré a miembros del Ejecutivo si su situación legal así lo requiere".

A través de su perfil oficial en redes sociales, la primera autoridad melillense, diputado expulsado de Ciudadanos que gobierna desde 2019 gracias a los votos de los ocho diputados de CPM y cuatro del PSOE, expresaba que se sentía "muy preocupado por los hechos de las últimas horas: como presidente del Gobierno de Melilla estoy pendiente de su alcance judicial por cuanto mi deber es preservar el Estado de derecho y los intereses de Melilla".

 El PP de Melilla ha negado que haya comprado "ni un voto" o haber pedido a otros que los compraran en su nombre. En un mensaje grabado, el presidente y candidato del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha desmentido las noticias publicadas en torno a que uno de los detenidos en la investigación de la supuesta trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma es Felipe Heredia, encargado, supuestamente, de captar voto por correo para el PP.

El perfil de Ahmed

Mohamed Ahmed Al-lal, que también es diputado local por CPM, es miembro del Ejecutivo melillense desde que en junio de 2019 lograran ganar la votación frente a la candidatura más votada, la de Juan José Imbroda con 10 escaños y los dos apoyos que recibió de Vox, frente a los 13 diputados sumados por el actual Gobierno (8 CPM, 4 PSOE y uno de Ciudadanos). Su cese llega a cuatro días de las elecciones, momento en el Ejecutivo de Eduardo de Castro estará ya en funciones hasta la constitución de la nueva Asamblea, fijada para el próximo 17 de junio.

Ahmed, que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo como número tres en la candidatura cepemista, fue detenido el martes y a las pocas horas, tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad, aunque con la retirada de su pasaporte y la intervención de su teléfono móvil.

El hasta ahora consejero de Distritos, en declaración a los medios, denunciaba que su arresto obedecía una "persecución política" por parte de la Delegación del Gobierno, cuya titular es la socialista Sabrina Moh Abdelkader, algo que la institución gubernamental ha negado tajantemente al asegurar que la investigación está bajo mandato judicial.