Laura Borràs recurre al Supremo, pero rechaza pedir el indulto: "No me arrastraré"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que no pedirá el indulto ante la sentencia que le impone cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de las Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contempla en la sentencia la posibilidad un indulto parcial para eludir la pena de prisión. "Yo no tengo nada que ver con la corrupción. No me arrastraré por un indulto. No necesito que me digan si me lo concederán o no, porque no pediré ningún indulto", ha asegurado en un vídeo colgado en Youtube recogido por Europa Press. En la sentencia, los jueces consideran probadas las "concretas actividades falsarias" desplegadas por los acusados que no estaban orientadas a obtener un "lucro personal", sino que tenía como "único sentido o razón de ser" el "enmascaramiento" ante los órganos de control. Fueron 18 contratos que no debían superar los 18.000 euros cada uno, el límite para otorgarlos a dedo, y por un importe global de 336.000 euros (324.000+ iva), entre 2013 y 2017.

En cualquier caso, los abogados de Borràs (Gonzalo Boye e Isabel Elbal) han presentado este jueves al Tribunal Supremo (TS) un recurso contra su condena de prevaricación administrativa por fraccionar contratos. En el escrito, la defensa forma un recurso de casación contra la sentencia del 29 de marzo de este año por el TSJC y pide que se dicte una nueva sentencia "absolviendo a Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada".

Borràs fue condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, y se le impuso una multa de 36.080 euros por esos 18 contratos, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público. En opinión de la condenada, el tribunal que presidía Jesús María Barrientos ha pasado la pelota al Gobierno, al que ha reprochado que tardara "dos minutos y medio" en salir para decir que no le concederían el indulto. "Dijeron que con un tema de corrupción, no. Los que habían indultado a los GAL y la cal viva, esto sí", ha criticado la también presidenta suspendida del Parlament. Según Borràs, sufre "una forma de libertad provisional preventiva" porque, a su juicio, intentan que modifique sus posicionamientos ante el miedo que puede infundir la prisión. "Y esto es lo que no pasará. Porque esto ya no ha pasado", ha sostenido la dirigente de Junts, destacando que ella también podría haber llegado a un pacto con la Fiscalía, como hicieron los otros dos encausados en el caso.

Borràs insiste en que con su condena se ha cometido "una injusticia y una persecución". Ha acusado a los jueces que redactaron su sentencia de haber leído unas pruebas periciales "que no quieren tener en cuenta, y que encima no quieren admitir, que se ha producido una manipulación que han constatado que se ha producido". "Me están condenando personas que no saben diferenciar un dominio web de una app. No tienen ni idea de lo que hablan y nos debemos fiar de su criterio para poder dar fe de todo lo que se ha hecho", ha criticado.

Borràs también ha lamentado que la sentencia le acuse de prescindir del procedimiento administrativo de contratación preceptivo, ya que argumenta que utilizó "el único mecanismo de contratación de la ILC", que es el contrato menor, que además puntualiza que es legal. "Se ve que éramos los Dalton de la ILC", ha ironizado la dirigente de Junts, que defiende que querían hacerla culpable a cualquier precio, ha dicho. Sobre la advertencia de irregularidades por parte de una administradora, Borràs ha sostenido que en la administración "todo se hace por escrito" y así lo debería de haber hecho si la hubiera querido advertir, según ella.

Borràs también ha criticado que la condenaran por falsedad documental cuando "no ha habido ningún tipo de lucro o beneficio económico" y que le impusieran una multa económica superior a la de los otros juzgados. Además, ha destacado la importancia de que la sentencia contara con un voto particular que, en su opinión, argumenta con jurisprudencia que no comparte parte del fallo y que las penas de inhabilitación son demasiado amplias. "Son superiores a les penas más altas de inhabilitación que han tenido los juzgados por el 1 de octubre", ha recalcado Borràs, que cree que se ha vulnerado su derecho de defensa por el pacto de los otros acusados con la Fiscalía. Efectivamente, en la sentencia existe un voto particular discrepante de una magistrada en el que alegaba que la pena para Borràs no debía ser superior a los 21 meses de prisión como inductora de falsedad, a la vez que estimaba necesaria la concreción de la inhabilitación. Asimismo, ha dicho que también se ha vulnerado su derecho a la intimidad y ha criticado la manera en que se incautaron las pruebas informáticas, en que, asegura, no se llevó a cabo el mecanismo de protección de los datos "por razones de dimensión" y por el tiempo requerido para tal proceso de copiado, como expone la sentencia mostrada en el vídeo.