Uso de la lengua catalana
El Tribunal de Montpellier tumba el reglamento que permitía el uso del catalán en los plenos en la Catalunya Nord
El tribunal argumenta que la lengua francesa es la lengua del Estado y no puede ser relegada a lengua de traducción
ACN
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El Tribunal Administrativo de Montpellier ha anulado el cambio de reglamento de los ayuntamientos de Elna, Els Banys, Tarerac, Portvendres y Sant Andreu de Sureda (Catalunya Nord ) que permitían hablar en catalán en los plenos a condición de traducir las intervenciones al francés. El tribunal argumenta que la lengua francesa es la lengua del Estado, tal y como establece la constitución francesa, y que no puede ser relegada a lengua de traducción. Los ayuntamientos afectados consideran que se trata de una "bofetada" a la lengua y han anunciado que acudirán al Tribunal de Apelación de Toulouse.
El abogado que lleva el caso, Mateu Pons, asegura que pese a la decisión judicial, la sentencia abre la puerta de forma "implícita" a hablar primero en francés y después traducirlo al catalán. El Ayuntamiento de Portvendres ya ha adelantado que va a modificar el reglamento en este sentido. "A ver qué hace el prefecto", ha dicho el alcalde Grégory Marty.
Pocas semanas después de que el Tribunal Administrativo de Montpellier juzgase a los ayuntamientos de Elna, Els Banys, Portvendres, Tarerac y Sant Andreu de la Sureda por haber modificado sus reglamentos municipales para permitir intervenir en catalán en los plenos, ya ha llegado la sentencia.
El alto tribunal concluye que los cambios de los reglamentos deben anularse. El tribunal alega que la lengua del Estado es el francés, tal y como recoge el artículo 2 de la constitución francesa, y que su "primacía" se pone en cuestión permitiendo que los concejales intervengan primero en catalán y después lo traduzcan al francés.
Los alcaldes de los ayuntamientos afectados consideran que se trata de una "bofetada" a los catalanohablantes en la Catalunya Nord, aunque su abogado ve dos interpretaciones positivas. Por un lado, que la sentencia no considera -como ha ocurrido en otros casos- que la modificación del reglamento atente contra la democracia y la libertad de expresión y, por otra, "abre la puerta" - de forma implícita - a realizar las intervenciones primero en francés y después traducirlas al catalán.
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