El propietario de Ambulancias Egara admite una donación a Catdem, pero niega haber sido beneficiado en concursos

El juez dio por concluida la instrucción del caso 3% en julio de 2020, pero en la Audiencia Nacional aún se siguen investigando dos derivadas. En ambas también se trata de esclarecer si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente, pero en vez de, a través de las fundaciones del partido, mediante la productora Triacom o la adjudicación por la Generalitat en 2015 de tres lotes de servicios sanitarios a Ambulancias Egara.

El encargado de inaugurar la ronda de declaraciones de la última pieza abierta ha sido el propietario de la empresa de ambulancias, Óscar Simón, quien negó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, cualquier irregularidad en la adjudicación sospechosa a los ojos de la Fiscalía Anticorrupción y atribuyó la donación de 30.000 euros a una de las fundaciones de CDC, Catdem, a su padre, aunque le restó importancia señalando que era una entre muchas en distintos países.

Su declaración como imputado fue mucho más extensa de lo esperado, tanto que obligó a retrasar al próximo miércoles la del resto de citados y posponer la del principal imputado, el exalto cargo de CDC David Madí, que ya estaba prevista para ese día. Fuentes jurídicas señalaron que ante el magistrado Simón explicó que en un momento determinado necesitaban inversores y Juan Luis Gallardo, que trabajaba con ambulancias vascas, les puso en contacto con el grupo inversor ICAT Desenvolupament, de Madí y Joan Albert Arqués, que también compareció este jueves ante el juez.

La empresa investigada por la presunta financiación ilegal de CDC niega cualquier vínculo con partidos políticos

Según dichas fuentes, Madí y Arqués hicieron una opción de compraventa de las acciones de Ambulancias Egara en 2012, pero que no se ejercitó. Arqués declaró que porque se desvinculó de ICAT Desenvolupament y Simón aseguró que porque no le convencía Madí.

Tras elecciones

En este punto Arqués explicó que conoció al exalto cargo de CDC a través de la organización de eventos y que cuando en 2010 el partido ganó las elecciones, gracias al contacto personal que mantienen, le ofreció participar en el proyecto de inversión que culminó en ICAT. En ese contexto, fue cuando les llegó a través de Gallardo la posibilidad de intervenir en el negocio de ambulancias, pero sostuvo que como lo vio arriesgado rechazó participar.

Fuentes de la investigación apuntan a que en 2012 Ambulancias Egara, cuyo radio de acción hasta entonces había sido la comarca del Vallès Occidental, quiso expandirse por toda Catalunya. Los investigadores sospechan que aunque el excargo de CDC no ejecutó la opción de compra colocó en la empresa a hombres a él vinculados, circunstancia que Madí niega.

Ambulancias Egara ha asegurado en un comunicado que ni la empresa "ni sus directivos han tenido vínculos con ningún partido político catalán ni con personas involucradas en casos de presunta corrupción política", circunstancia por la que sostienen que el magistrado debe retirarles la imputación que pesa sobre ellos. Añade que "todos los contratos de transporte sanitario público en Catalunya" adjudicados a Ambulancias Egara lo fueron "de forma transparente y de acuerdo a derecho".