Operación de la Audiencia Nacional
El juez investiga adjudicaciones sanitarias en la época de CDC
Mossos y Guardia Civil registran la empresa Ambulancias Egara, que en el 2012 mantuvieron contacto con David Madí
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado entradas y registros en las sede de la empresa Ambulancia Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas, en Lleida, y en una consultora de Barcelona, en busca de documentación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de este servicio cuando estaba en el Govern Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En el operativo participan agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil, y fuentes de la investigación aseguran que es una pieza separada del 'caso 3%' y del 'caso Triacom' de presunta financiación ilegal de este extinto partido. De entrada, se están rastreando los movimientos económicos en esta empresa en busca de presuntas comisiones ilegales, aunque se desconoce si hacia esa formación o hacia un particular que actuó como conseguidor.
En Ambulancias Egara se ha intervenido diversa documentación. El copropietario y apoderado de la entidad, Óscar Simón, será citado a declarar ante el juez en calidad de investigado. Los registros, en los que está presente el fiscal adscrito al caso, José Grinda, se centran en la documentación relativa a la unión temporal de empresas (UTE), en la que participaba Ambulancias Egara, que fue la adjudicataria de tres lotes del macroconcurso sanitario de Catalunya. También se están produciendo registros en la sede de la consultoría y auditora RCM en Barcelona y en las subsedes de Egara en Tarragona y Terres de l'Ebre.
Fuentes de la investigación han asegurado a EL PERIÓDICO que el caso remonta a 2015, cuando Ambulancias Egara ganó tres lotes de servicios. La firma estaba regentada hasta entonces por los hermanos Carlos y Oscar Simón. En 2012, siempre según las mismas fuentes, pretendieron dar un salto cualitativo y apostaron por expandirse por toda Catalunya, cuando su radio de acción hasta entonces era la comarca del Vallès Occidental. Fue entonces cuando la compañía mantuvo contactos con David Madí: buscaban inversores. Los investigadores sospechan que el excargo de CDC colocó en la empresa a hombres vinculados a él, aunque este lo niega.
Para poner en marcha ese plan se expansión, la empresa se presentó a las licitaciones ahora investigadas y las ganó. Así, desde 2015, esta compañía gestiona el transporte sanitario de CatSalut en Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre. Esta empresa, además, también trabaja desde 2020 en Aragón.
El control de la empresa
Dentro del 'caso 3%, la Audiencia Nacional ya se investigó la operación desarrollada por varios empresarios, algunos de ellos implicados en este proceso judicial y para quien la fiscalía reclama cárcel, con el fin de hacerse con el control de Ambulancias Egara antes de la concesión de la Generalitat de 2015. Por ahora, no se ha producido detención alguna, aunque se espera que haya varios investigados. Los Mossos podrían contar con un testigo clave en esta operación. El juez ha acordado el secreto de las actuaciones.
Sobre estos registros policiales en las sedes de Ambulancias Egara, la compañía asegura en un comunicado que "siempre ha concurrido a las licitaciones públicas de servicios de transporte sanitario cumpliendo con todos los requerimientos, en igualdad de condiciones que el resto de empresas y respetando la legalidad vigente". "Los contratos públicos se han conseguido participando siempre de forma transparente en los concursos", apuntan.
La empresa sostiene que ni la sociedad ni su equipo directivo "tiene vínculos con ningún partido político catalán, ni con casos de presunta corrupción política" y que "tampoco tiene ninguna vinculación" con Madí, con quien "tan solo hubo un contacto en 2012 en el marco del relevo generacional" en la firma, aunque "finalmente no llegó a materializarse ninguna participación de este en el capital social". Después de ese momento puntual, según la empresa, "no se ha mantenido ninguna relación" con Madi. Esta circunstancia ha sido confirmada por fuentes cercanas a Madí.
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