El Tribunal Supremo se prepara para responder al esperado plantón de Clara Ponsatí

La 'exconsellera' Clara Ponsatí tiene este lunes una cita en el Tribunal Supremo, pero a juzgar por sus palabras cuando estuvo en Barcelona y las de su abogado, Gonzalo Boye, que comparte con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, si hubiera que apostar, lo más conservador sería hacerlo por su incomparecencia. En ese caso el alto tribunal espera conocer las razones que aduce para no acudir antes decidir el próximo paso a seguir, señalan fuentes de la Sala Segunda a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Pese a que su visita relámpago a España, justo antes de Semana Santa, le permitió regularizar su situación con la justicia española, que le retiró la situación de rebeldía, en la que todavía se encuentran sus compañeros de huida, el 'expresident' y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, todo parece indicar que Ponsatí desoirá el requerimiento que le hizo el instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena.

En el auto en el que la dejaba en libertad tras ser conducida bajo arresto ante el juez de guardia de Barcelona, el magistrado la advirtió de que si no acudía a la cita en el Supremo que había fijado, su situación procesal podría cambiar y volvería a ordenar su arresto. De momento, Ponsatí ha pasado el domingo en Barcelona, celebrando la 'diada' de Sant Jordi, pero ha mantenido su incógnita sobre sus planes para este lunes.

El margen de actuación del tribunal es reducido, sobre todo, si está en el extranjero, al estar solo acusada de desobediencia

Si se queda en Barcelona podrá volver a ser detenida y conducida de nuevo a los juzgados, pero si cruza de nuevo la frontera, la amenaza de Llarena es difícil de cumplir, al estar solo procesada por un delito de desobediencia.

Sin prisión

En caso de detención, su arresto solo se prolongaría lo necesario para ser conducida ante el juez, porque la desobediencia no está penada con cárcel. Ello impide su ingreso en prisión provisional, según el 503 de la ley de enjuiciamiento criminal.

Ese artículo solo prevé la posibilidad cautelar de cárcel cuando "conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión". La desobediencia que se le imputa tras la reforma legal operada tras el acuerdo del Gobierno y ERC solo está castigada con multa e inhabilitación hasta dos años.

El texto legal también añade que por riesgo de fuga "procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona investigada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores", situación en la que "no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal primero de este apartado".

Sin euroórdenes

Pero para eso, Ponsatí tendría que ignorar el requerimiento de Llarena y estar este lunes en España para poder ser detenida y conducida al juzgado. Si está en el extranjero, actuar contra ella se complicará en grado sumo, puesto que no hay ninguna euroorden en su contra para provocar su arresto.

El juez Llarena decidió no tramitarlas de nuevo contra los huidos de la justicia española hasta conocer la respuesta del Tribunal General de la Unión Europea a la demanda interpuesta por Puigdemont contra el Parlamento Europeo por considerar que no le protegió suficientemente ante el suplicatorio cursado por el propio magistrado del Supremo.

Con esa sentencia, que podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se determinará el alcance de la inmunidad de la que gozan los europarlamentarios del 'procés'. Ellos alegan que debe poder protegerles también en España, mientras Llarena argumenta que esa prerrogativa se inventó para proteger la actividad de la Cámara, no para evitar ser juzgado en procedimientos abiertos antes de la adquisición del escaño, como es su caso.

El único de los huidos de la justicia española que no tiene inmunidad es Lluís Puig, pero el magistrado tampoco la ha vuelto a cursar en su caso. Precisamente el último fallo del TJUE declaró que Bélgica no podía rechazar la entrega del 'exconseller' de Cultura por considerar que el Supremo no era el tribunal competente para investigarle. Solo la vulneración sistémica de derechos en el país que formula la reclamación puede justificar el rechazo de una entrega solicitada por esta vía.