El juez propone juzgar al 'popular' Granados por irregularidades en contratos en tres ayuntamientos madrileños

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado por finalizada la investigación en una de las piezas del caso Púnica y ha propuesto juzgar a 21 personas, entre las que se encuentran el exsecretario general del PP de Madrid y exalcalde Valdemoro Francisco Granados, el constructor David Marjaliza y su esposa, Adela Cubas, por contratos en los Ayuntamientos de esa localidad madrileña y los de Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez encuentra indicios para juzgarles junto con los también exalcaldes del PP, José Carlos Boza y José Miguel Moreno (ambos de Valdemoro) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio), así como varios exaltos cargos municipales. También incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y a personas vinculadas al Grupo Marjaliza. En cambio, acuerda el archivo para dos personas, investigados en relación a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis.

El instructor considera que las irregularidades cometidas en los contratos de los municipios madrileños serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de Información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero, y cohecho de persona jurídica.

Asegurar la adjudicación 

El auto explica que en esta pieza se ha investigado la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que “ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa”. 

En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. “Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso”, apunta. 

Se pueden distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación, explica el juez. En unos el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control. En otros, lo lograba aunque no cumplía con los presupuestos necesarios.

De la hora a las cafeterías

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados. 

Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones. Así era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación.  

Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, “prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación”. 

En Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político. Según el juez, era “una de las fórmulas empleadas para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas”.