ERC y la CUP impulsan una reforma exprés del reglamento del Parlament para frenar a Vox

"Tres paquistaníes y un marroquí atacaron a una niña de 13 años". Esta afirmación, en relación a una agresión sexual en Salou, la pronunció el líder de la extrema derecha de Vox, Ignacio Garriga, en el último pleno del Parlament. La vicepresidenta Alba Vergés le llamó al orden. "Diputado, siempre hace las mismas vinculaciones", le reprochó la republicana. Garriga prosiguió insistiendo, de nuevo, en las nacionalidades de los detenidos y Vergés volvió a interrumpirlo: "a la tercera le voy a retirar la palabra". Esta escena no es anecdótica, se repite prácticamente a cada pleno desde que los 11 ultras entraron en el Parlament hace dos años. Por este motivo, ERC y la CUP registrarán en los próximos días una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara que busca frenar este tipo de discursos.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también quiere introducir el voto telemático y ampliar los supuestos para el voto delegado. Esto podría regularizar la situación del diputado de Junts, Lluís Puig, que reside en Bruselas desde el convulso otoño de 2017. La idea de los dos grupos, que trabajan conjuntamente el texto desde noviembre, es que la reforma se tramite por la vía rápida, evitando así pasar por la comisión y que se abran otros asuntos pendientes. Republicanos y anticapitalistas aseguran que han mantenido reuniones con Junts para lograr su apoyo y ven opciones de que salga adelante con ellos. Los posconvergentes, sin embargo, evitan confirmar su postura.

Esta no es la única propuesta de reforma que hay actualmente sobre la mesa. El PSC registró el pasado lunes otra iniciativa para cesar a Laura Borràs como presidenta del Parlament, tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Prohibir los discursos de odio

El texto de ERC y la CUP propone que el código de conducta del Parlament prohíba explícitamente los "discursos de odio o intolerantes" y que esto se incluya dentro del reglamento, para que puedan ser sancionables. La normativa actual propone medidas como la retirada de la palabra, la expulsión del diputado de la sesión o incluso la exclusión temporal, pero es muy genérica en cuanto a qué discursos se pueden amonestar, ya que se refiere a "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona".

El documento propone ir más allá y prohibir que los diputadas puedan hacer un "discurso de odio o intolerante", que entienden que pasaría por "incitar a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad".

Según fuentes de la CUP, este cambio daría más "herramientas" a la presidencia del Parlament para expulsar a un diputado y también afectaría a mociones o propuestas de resolución que pudiera hacer Vox en este sentido. La mismas fuentes niegan que pueda haber un choque con la libertad de expresión, porqué afirman que el redactado que proponen se ha hecho teniendo en cuenta un informe de los letrados de la Cámara del mes de enero y el reglamento de la Eurocámara, que pone como limite aquello que "vulnere los derechos humanos".

También pretenden que los diputados que no hayan firmado la declaración de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, no puedan ejercer cargos dentro de la Cámara -ahora solo hay un acuerdo extraoficial para impedirlo- y cambios en las llamadas declaraciones institucionales del Parlament, mayoritariamente sobre temas sensibles como los derechos humanos o contra la violencia machista. La normativa actual da esta denominación solo a los textos que consiguen la unanimidad, y desde la entrada de Vox no se ha podido aprobar ninguna. ERC y la CUP proponen cambiar el criterio de la "unanimidad" por una "mayoría cualificada de dos tercios".

El voto telemático y el voto delegado

Más allá de intentar frenar el discurso de la extrema derecha, el escrito también aborda el voto delegado y el telemático. Así, proponen incluir la posibilidad de votar telemáticamente ante situaciones de "especial gravedad". Ahora solo se puede hacer en caso de "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada", aunque sería la Mesa quién tendría la potestad de decidir si se otorga o no.

Eso podría regularizar la situación del diputado de Junts, Lluís Puig. El Tribunal Constitucional acordó en junio del año pasado dejar sin efecto el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitía al parlamentario delegar su voto. Sin embargo, se sigue compatibilizando de viva voz por parte de la vicepresidenta en funciones de presidenta, Alba Vergés, pero no aparece en las pantallas de la Cámara para evitar exponer a los funcionarios.

A la espera de Junts

La propuesta se cerró por parte de republicanos y 'cupaires' en noviembre y después se hizo llegar, al menos, a Junts y a los Comuns. En aquel momento se hicieron algunas reuniones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Los Comuns expresaron dudas sobre la delegación de voto, ya que consideran una "discrecionalidad" que fuera la Mesa quien valorara si se daban las circunstancias que lo justificaran y veían el redactado "demasiado abierto". A pesar de esto, se mostraron abiertos a considerarlo.

Los posconvergentes también se comprometieron a estudiarlo, pero pasaron las semanas y no hicieron llegar ninguna contrapropuesta, según fuentes de los dos grupos proponentes. En los últimos días, sin embargo, ERC y la CUP han reactivado la iniciativa y aseguran que "ven opciones de que se apruebe". A preguntas de EL PERIÓDICO, Junts aún no ha querido pronunciarse. Esta no es la primer vez que los grupos parlamentarios intentan una reforma del reglamento. En marzo de 2022 ya se constituyó la comisión para reformarlo, pero quedó aparcada por las diferencias entre los grupos.

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