José Manuel Villarejo, 40 años de servicio a las 'cloacas' del Estado

El 3 de noviembre de 2017, con la tensión del 'procés' independentista en su clímax, docenas de personajes de múltiples ámbitos de la vida pública y social se echaron a temblar. José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 1951), excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, ingresaba en prisión tras haber sido detenido por la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo en el que ingresó en 1972. Después de examinar la documentación incautada en su casa, la Fiscalía Anticorrupción multiplicó por cinco la lista de delitos: tres de cohecho, ocho de revelación de secretos, uno de falsedad documental, uno de organización criminal y otro de blanqueo de capitales. Los sucesivos registros en ese domicilio de Boadilla del Monte (Madrid), fueron una mina de oro para jueces y fiscales: una veintena de agendas y un sinfín de grabaciones se convirtieron en auténticas bombas de relojería para quienes en ellas aparecían... pero también para su dueño.

Villarejo está imputado ya en 36 piezas en la Audiencia Nacional que conforman la macrocausa Tándem, probablemente la más intrincada y difícil de seguir de toda la justicia española. Sus meticulosas anotaciones (nombres, iniciales, lugares, teléfonos, motivos de las citas...) y los audios de sus conversaciones con políticos, empresarios y periodistas, entre otros gremios, han sacado a la luz toda clase de maniobras policiales durante al menos una década. Porque las agendas consignan trapicheos de 2007 a 2017, hasta justo antes de ser detenido, pero se cree que el expolicía acude a sus reuniones con grabadora desde hace 40 años en busca de información comprometedora que le sirva de blindaje en caso de ser descubierto.

El entramado empresarial

Precisamente cuatro décadas atrás, en 1983, fue cuando pidió su primera excedencia de la Policía y empezó a forjar un entramado empresarial que, según investigaciones judiciales y periodísticas, le ha llevado a manejar hasta 46 sociedades en España, Estados Unidos, Uruguay y Panamá y a amasar un patrimonio inmobiliario que solo en España supera los 14 millones de euros. Una agencia de detectives y un despacho de abogados, entre otras empresas, le permitieron poner en marcha trabajos de investigación encargados por organismos públicos, entidades privadas, particulares y hasta por la iglesia de la Cienciología (para la que en 1984 logró encarcelar a través de un montaje a un disidente que sería absuelto por la justicia).

Alguna vez el propio Villarejo ha definido su labor como la de un "solucionador de problemas". Las investigaciones judiciales han demostrado que los resolvía con la premisa de que el fin justificaba todos los medios. Sin líneas rojas. Muchos de esos "problemas" fueron los del Estado. El primer destino de Villarejo, en los estertores del franquismo, fue San Sebastián, donde formó parte de los comandos de la Brigada de Investigación Social que luchaban contra la primera ETA, los llamados 'incontrolados'. Por aquella lucha antiterrorista fue condecorado con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que no le ha sido retirada.

Con el PSOE y con el PP

En 1993 se reincorporó tras su excedencia como agente operativo, o encubierto, para la Secretaría de Estado de Interior, entonces dirigida por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. La vida privada del juez Baltasar Garzón, del empresario Javier de la Rosa y de políticos y periodistas fueron sus principales trabajos para el último Gobierno de Felipe González.

Pero fue con Mariano Rajoy en la Moncloa, María Dolores de Cospedal al frente del PP y Jorge Fernández Díaz en Interior, cuando los encargos a Villarejo se multiplicaron y conforman la madeja de tejemanejes que ocupan desde su detención un espacio preeminente en los medios. Luis Bárcenas, Podemos -en especial su líder, Pablo Iglesias-, los Pujol y el independentismo (con la conocida Operación Cataluña) pasaron a ser los objetivos del 'todo vale' de lo que se bautizó como la 'policía patriótica' (aunque más bien al servicio de los intereses del PP), pero también ofrecía, simulaba o realizaba supuestos encargos de grandes firmas, como el BBVA, Iberdrola, Repsol o CaixaBank.

Su estrategia de defensa siempre ha sido reconocer parte de las ilegalidades y prácticas mafiosas que se le imputan, pero añadiendo que nunca las cometía en solitario. Ha señalado como inductores a un presidente del Gobierno, al CNI, a empresas del Ibex y hasta a la Corona. Aunque separar la verdad de la mentira en las alcantarillas del Estado es misión casi imposible, por ahora, esas agendas y grabaciones tan explosivas han sentado en el banquillo a una excúpula de Interior, han fulminado carreras políticas de ministros, presidentes autonómicos y fiscales, y han propiciado una causa judicial contra España en Andorra.