El Govern y la oposición estudian una moratoria a las sanciones contra la sequía

El Govern de Pere Aragonès está tratando de gestionar la cumbre de la sequía que se va a celebrar en el Palau de la Generalitat, el próximo viernes, con el mismo tacto y cuidado extremo que si transportara un huevo de Fabergé. Los intentos de la oposición de construir una especie de ‘leyenda negra’ sobre cómo los republicanos llevan la manija de la Generalitat, con un autoritarismo propio de quien controla el Parlament con 60 diputados, en lugar de moverse en la modestia que les conceden sus 33 escaños, parece haber hecho mella en el Executiu.

Los republicanos han digerido el enfado que les causa que tanto Junts como el PSC reiteren que el Govern aprobó “unilateralmente” el decreto de sequía, sin consultarlo con el resto de partidos. El propio ‘president’, en sede parlamentaria, puso fechas a las reuniones con ambos partidos de la oposición (14 de febrero), distante en 15 días del 28 de ese mes, cuando el Consell Executiu aprobó el texto.

El Govern, ahora, oculta sus propuestas con el fin de que sea la oposición la que lleve la iniciativa. En el ánimo de Aragonès está lograr salir de la cumbre con un acuerdo cuya paternidad sea, además, bastante difícil de atribuir a los republicanos. Cuanto más plural sea ese acuerdo que se desea, más difícil de que nadie se desmarque de él y saque rédito de algo que no deja de ser una crisis de grandes proporciones. Y en un año muy electoral. Uno de los puntos calientes del decreto es el régimen sancionador a los municipios. PSC, Junts y Ciudadanos se han mostrado en contra, con matices. 

Ni una multa

El hecho, con todo, es que no se ha abierto ni un solo expediente sancionador, y según ha podido saber este diario, tampoco hay mucha intención de empezar ahora a poner multas a los municipios, justo cuando la oposición defiende que se sea laxo y con unas elecciones locales en las que los tres partidos se juegan el reparto del pastel en los 900 ayuntamientos catalanes. Es decir, no hay sanciones, ni el Govern las pone encima de la mesa, sino que se quedará en la apertura de expedientes informativos, no sancionadores. Las postergarán a modo de moratoria.

Otra cosa es que el Executiu crea imprescindible que el marco sancionador esté bien presente en todas y cada una de las decisiones que toman los ayuntamientos. El miedo a la multa es, ahora mismo, la principal arma con la que cuenta la administración para evitar llegar en breve a la situación de emergencia. 

El principal objetivo con el que acuden los socialistas a la cumbre es que se elimine o se fije un período transitorio de, por lo mínimo, un año para las sanciones a los ayuntamientos que prevé el decreto. Consideran que estas multas suponen "hacer pagar los platos rotos" a los municipios en lugar de poner el foco en la planificación que ha faltado en la última década por parte de la Generalitat o la falta de ejecución de las inversiones previstas de la Agència Catalana de l’Aigua.

Junts va un paso más allá y reclama derogar el régimen sancionador contra los ayuntamientos y permitir la contratación por trámite de emergencia, un sistema que se usó durante la pandemia y que, de hecho, ya se habilitó durante la sequía de 2008. Quieren que se habilite para todas las administraciones competentes, ya sea Govern o ayuntamientos. Esto permitiría hacer contrataciones e inversiones por la vía rápida, eliminando plazos, concursos públicos y parte de la burocracia que implica.

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