Escándalo judicial
Aragonès, sobre el "compadreo" PP-jueces: "Catalunya ha sido banco de pruebas"
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, del Gobierno de Rajoy, intercambiaron mensajes acerca de la investigación de la Operación Kitchen
EFE
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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que los mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y un exalto cargo del Gobierno del PP son un "compadreo inaceptable" y ha denunciado que Catalunya ha sido un "banco de pruebas" de este tipo de "vulneración" de la división de poderes. La Cadena SER ha desvelado que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez -en la etapa de Gobierno el PP-, intercambiaron mensajes acerca de la investigación de la Operación Kitchen sobre el espionaje político al extesorero del PP Luis Bárcenas, que estaba en secreto y en la que Martínez fue imputado.
En declaraciones a los periodistas en Manresa, Aragonès ha afirmado que hay que esperar a tener más detalles "exactos" sobre el tipo de información que compartieron Navarro y Martínez, ya que, según su alcance, podrían haber cometido un delito y por lo tanto se tendría que actuar "sobre este hecho delictivo".
Pere Aragonès ha indicado asimismo que estos mensajes demuestran "una complicidad, un compadreo, absolutamente inaceptable" que "vulnera la división de poderes". "Esto ha pasado en Catalunya. El Gobierno y determinadas instancias han estado compartiendo una estrategia para atacar a instituciones del país y Catalunya muchas veces ha sido el banco de pruebas", ha agregado.
Las grabaciones dadas a conocer se suman a la presentación de cinco querellas en relación con la Operación Catalunya. A las ya conocidas del expresidente del Barça, Sandro Rosell, y la de un presunto caso de extorsión a Banca Privada d'Andorra, BPA (que terminó cerrando), hay que sumar otras tres: una por Narciso 'Chicho' Ortega, el exjefe de la Policía en Barcelona, otra de la familia Sumarroca y una anunciada por Pau Molins, abogado de Sandro Rosell, de la que no se conoce su demandante.
La trama de la bautizada como Operación Catalunya buscaba desprestigiar al independentismo mediante la creación y manipulación de pruebas e iniciar procedimientos judiciales o extorsionar directamente, como en el caso de la BPA, para desprestigiar a líderes independentistas y a su entorno, como el Barça.
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