La reforma del delito de malversación retrasa el juicio contra Jové y Salvadó por el 1-O

Este jueves entrará en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación. Una fórmula pactada por ERC y el PSOE para reducir las posibles penas de prisión contra el altos cargos del Gobierno catalán por los preparativos para la celebración del referéndum unilateral del 1-O. La Fiscalía General del Estado deberá unificar criterios para concretar su modo de actuar en todos estos supuestos, lo que provocará un cierto retraso del proceso judicial abierto conta los republicanos y exaltos cargos de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó.

La acusación pública está trabajando desde hace meses en su escrito de acusación y prácticamente estaba ultimado. Era inminente su entrega en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es quien se encargará de celebrar el juicio. Sin embargo, con la reforma penal se deberá revisar sus conclusiones para encuadrar los hechos en el nuevo delito de malversación. Antes, según fuentes de la Fiscalía General, se deberán aunar criterios de como aplicar esta nueva tipología penal que, además, puede provocar un alud de revisión de sentencias. Una de las fiscalía que más afectará esta modificación del Código Penal será la de Anticorrupción por los casos que trata. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que los hechos que más podrían verse afectado son los posteriores a 1995, cuando se produjo la reforma del PP del delito de malversación, hasta el 2022, aunque no se descarta que existan otros supuestos.

Los otros imputados por el referéndum

Uno de los asuntos que se instruyen en Catalunya que también se verá afectado, aunque se desconoce todavía como, es el proceso judicial que está en Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra casi una treintena de personas, entre ellos exaltos cargos de la Generalitat, por su supuesta participación en los preparativos de la consulta soberanista del 1-O. De esta causa deriva la investigación judicial contra el diputado de ERC y exsecretario general de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el actual presidente del Port de Barcelona y exsecretario de Hisenda, Lluis Salvadó, que tienen la condición de aforados y serán juzgados por el TSJC. A estos dos imputados se unión después en el mismo proceso la 'consellera' de Cultura Natalia Garriga, aunque esta solo está acusada de un presunto delito de desobediencia.

La jueza que instruyó el caso considera que Jové "tuvo una participación activa" en la preparación del 1-O y "en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fuesen superiores a los negativos". Respecto a Salvadó, la magistrada le procesó por su implicación en las estructuras de estado, especialmente en la agencia tributaria.