El Gobierno apuesta por cambiar los juzgados de paz por oficinas municipales

Optimizar recursos prestando un mejor servicio al ciudadano es el objetivo de cualquier administración pública. El Ministerio de Justicia quiere conseguirlo con las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), con las que pretende acercar el servicio público que el mundo judicial presta y frenar, a la vez, la despoblación, al evitar desplazamientos a las localidades con juzgados, como ocurre especialmente en zonas rurales.

Las Oficinas de Justicia municipales se enmarcan dentro de la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que se encuentra en su fase final de tramitación parlamentaria, y sustituirán a los jueces de paz, con más prestaciones, ya que desde ellas se podrán obtener los certificados que se expiden desde la Gerencia Territorial (normalmente ubicadas en las capitales de provincia) y la sede digital del ministerio. También será posible conseguir ahí los propios del Registro Civil, acceder al registro Cl@ve (para gestiones digitales con las administraciones públicas) y lograr citas previas en juzgados.

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En palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, "las OJM van a permitir que cualquier ciudadano, con independencia de su condición social, económica o generacional, pueda acceder a un recurso de Justicia en igualdad, en cualquier lugar del territorio en el que se halle". "Abrirán una puerta al servicio público de Justicia en los municipios que las acogerán, con un catálogo de servicios que multiplicarán los de los actuales juzgados de paz", afirma.

Se trata de "unas sedes físicas desde las que las personas podrán realizar sus trámites judiciales de manera segura, evitando así desplazamientos a otros municipios", en las que "serán atendidos por alguien que les ayude y resuelva sus dudas de forma gratuita, algo fundamental, sobre todo, para las personas más vulnerables", explica Llop.

Modelo flexible

La idea es que el modelo sea flexible y pueda cubrir las necesidades de cada municipio, de tal forma que incluso puedan realizar actuaciones que hasta ahora solo se podían hacer en sedes judiciales, como juicios o declaraciones tanto de imputados como de testigos, siempre supervisadas por personal de la Administración de Justicia, para que cuenten con todas las garantías procesales.

Por supuesto, permitirán obtener todos los certificados vinculados con el mundo judicial, como los de antecedentes penales o los de nacimiento o defunción, así como acceso a los servicios vinculados, como oficinas de atención a las víctimas o de conciliación y mediación.

Los ayuntamientos deberán facilitar el local y la conexión a red, mientras que la dotación tecnológica corresponderá a las Comunidades con competencias transferidas o al ministerio, en el territorio que aún es de su competencia. Tanto el personal municipal como el perteneciente a la administración judicial recibirá una formación en el catálogo de servicios online que prestarán para guiar a las personas que lo necesiten.

En octubre se puso en marcha la experiencia piloto en Tarazona de la Mancha (Albacete), para atender a los siete municipios que dependen del juzgado de paz de esa localidad, y el pasado 1 de diciembre, en Formentera, donde cualquier gestión precisa desplazamiento a Eivissa, cabeza de partido judicial, o a Mallorca.

"Esta transformación en la que está inmersa la Administración de Justicia no sería posible sin la implicación y la cogobernanza entre el ministerio, las comunidades, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias", destaca la ministra.