El Gobierno propone hasta 3 años de cárcel para cargos que no justifiquen enriquecimiento de más de 250.000 euros

Los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han propuesto la creación de un nuevo delito de "enriquecimiento ilícito" para aquellos cargos públicos que hayan obtenido un "incremento patrimonial no justificado" superior a los 250.000 euros y que sería penado con entre seis meses y tres años de prisión, además de la inhabilitación y multas económicas.

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha anunciado que van a registrar una enmienda a la proposición de ley que deroga la sedición para reforzar en el Código Penal la "lucha contra la corrupción". En este sentido, ha explicado que los cargos públicos tienen la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales cuando llegan a la función pública, pero que "no existe ningún procedimiento al finalizar el mandato".

Así, ha subrayado que con su iniciativa, los cargos públicos que en los cinco años posteriores a su mandato en los cinco años posteriores a su mandato presenten un "incremento de patrimonio o una cancelación de sus deudas por encima de 250.000 euros" deberán justificar la procedencia de este dinero ante la Justicia. Si "se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación, será castigado", establece el texto de la enmienda. Se contemplan penas de cárcel de entre seis meses y tres años, de inhabilitación de entre dos y siete años y multas económicas de hasta tres veces lo enriquecido.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha defendido que se trata de "un avance importante en la lucha contra la corrupción"

La propuesta de ERC

Este cambio para reforzar la lucha contra la corrupción llega parejo a la iniciativa de ERC para ceñir el concepto de malversación a cuando existe una conducta con ánimo de lucro propio o a terceros y a cuando, a pesar de no producirse un enriquecimiento, haya un uso particular o ajeno a la función pública. López ha asegurado que analizarán la propuesta de los republicanos catalanes y ha rechazado haber negociado con ellos el texto de esa enmienda.

Además, de manera rotunda, ha explicado que tendrán "dos principios claros que son innegociables": que no se produzca "ningún beneficio a los procesados por corrupción" y que "todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal". En varias ocasiones ha reiterado que no van a permitir "ningún retroceso en la lucha de la corrupción".