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Los 6 escándalos de corrupción que fulminaron el oasis catalán

Jordi Pujol.

Jordi Pujol. / Epi_rc_es

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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Sara González

En Catalunya, el 'caso Mercuri', que cumple una década, no es el único que ha salpicado judicialmente a dirigentes políticos y a partidos catalanes. Ha abierto otros casos en la ya extinta Convergència Democràtica de Catalunya, además de en el PSC. De los procesos judiciales abiertos, dos de ellos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid: el 'caso 3%', de supuesto pagos de comisiones a dicho partido y el que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia por la fortuna oculta en Andorra. Uno de los hijos del exmandatario catalán, Oriol Pujol, ya fue condenado por el 'caso ITV' y pisó la cárcel, lo mismo que le ha pasado a Félix Millet y Jordi Montull por el saqueo del Palau de la Música o al exalcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, por el 'caso Pretoria'. Estos son los escándalos de corrupción que fulminaron el oasis catalán:

El 3%, a la espera de las defensas

El 'caso 3%' estalló en la pequeña localidad de Torredembarra, a raíz de la denuncia de una concejal por el presunto pago de comisiones durante la construcción de un aparcamiento. La instrucción derivó en un procedimiento judicial, cuya investigación acabó en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en todas las administraciones que controlaba, a través, sobre todo, de donaciones a sus fundaciones a cambio de contratos o para resultar beneficiario en el futuro. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita las mayores penas para sus extesoreros Andreu Viloca (22 años de cárcel, si no paga las multas de 254 millones de euros que también le reclama) y Germà Gordó (casi 19 años). Después de que el juez Santiago Pedraz abriera juicio oral contra una treintena de personas, entre responsables del partido y empresarios, así que la propia CDC y su sucesor, el PDECat, la pelota está ahora en el tejado de las defensas, que disponen de tres meses para defenderse de las acusaciones que formulaba la fiscalía en su escrito.

El 'caso Pujol', pendiente de juicio

Una vez que la defensa de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, terminó de examinar los documentos del caso que creía que afectaban a su intimidad y no tenían relación con la investigación judicial sobre su patrimonio en Andorra, para solicitar su expulsión de la causa, será el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quien determine qué se aparta del procedimiento. Ese paso será el último que el 'caso Pujol' dará en instrucción antes de ser elevado a la Sala de lo Penal para ser juzgado.

De cara a ese juicio, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos, salvo para Josep y el primogénito, Jordi, para los que solicita respectivamente 14 y 29 años de cárcel. En cambio, la Abogacía del Estado no acusa al ‘expresident’ ni a la mayoría de los Pujol; pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 y medio para su exesposa Mercé Gironés y 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola.

'Caso Pretoria': del PSC a CDC

En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo puso el punto final al 'caso Pretoria'. Los magistrados del alto tribunal confirmaron la condena de cinco años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (entró en la cárcel en diciembre del 2021), mientras que se la rebajó hasta los cuatro años y dos meses la pena para el exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi'. En el trasfondo: una trama de corrupción urbanística urdida entre 2002 y 2009 por excargos socialistas y convergentes a cambio de comisiones.

La Audiencia Nacional había condenó en 2018 a Muñoz, García, y a los exaltos cargos pujolistas Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ambos de CDC, por llevar a cabo en operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona que, en lugar de favorecer el interés público, “buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares”. Las plusvalías para los constructores llegaron a superar los cuatro millones de euros. Prenafeta y Alavedra (fallecido en 2018) pactaron con la fiscalía una rebaja de pena que implicaba evitar la prisión y no recurrieron al Supremo. 

'Caso ITV': Oriol Pujol en la cárcel

Oriol Pujol Ferrusola entró en la prisión de Brians (Sant Esteve de Sesrovires) a las 16 horas del 17 de enero de 2019 para cumplir su condena a dos años y medio de cárcel por el ‘caso ITV’ de cobro de comisiones ilegales e intento de amaño en la adjudicación de estaciones de inspección de vehículos. La magistrada que presidió el juicio rechazó la petición de la defensa del hijo del 'expresident' Jordi Pujol de que se suspendiera su ingreso en un centro penitenciario a cambio de cumplir la pena con trabajos en beneficio de la comunidad.

En su resolución, calificó los hechos cometidos por el exdiputado y el dirigente de CDC (era el llamado a seguir la estela de su padre) como "muy graves", por haber utilizado su cargo para su propio interés, por lo que su actuación supone un "ataque muy importante" al Estado de derecho. La pena que se le impuso fue menor a la prevista por estos delitos tras llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de reconocer las imputaciones. La Conselleria de Justicia le concedió al cabo de poco más de dos meses de su encarcelamiento el tercer grado penitenciario o de semilibertad, que le permitía ir solo a dormir al centro. Al cabo de un tiempo y a raíz de un recurso de la fiscalía, un juez le retiró esta posibilidad, pero la Generalitat insistió y, al final, el exdiputado lo consiguió.

El 'caso Palau' y el saqueo de la institución

Félix Millet y Jordi Montull, los que fueran durante años máximos responsables del Palau de la Música, siguen estando en prisión cumpliendo condena por el saqueo de la entidad cultural y la financiación ilegal de CDC. Como dijo en el juicio el fiscal Emilio Sánchez Ulled, el Palau fue la “cañería” por el que se hacía llegar el dinero a este partido. En abril del 2020, el Tribunal Supremo confirmó el comiso de 6,6 millones de euros a la formación por tráfico de influencias e impuso a Millet y Montull penas de 9 años y 8 meses de prisión y a 7 años y medio, respectivamente. También fue condenado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar. Los dos deben devolver al Palau los 23 millones que le saquearon. Hasta este mes de noviembre, la entidad solo ha recuperado 12 millones y las sedes embargadas a CDC para devolver 6,6 millones a la entidad por el expolio han ido a parar a los acreedores de la extinta formación. En la actualidad, hay dos juzgados que están investigando la presunta ocultación de bienes por parte de Millet y Montull para no hacer frente a las indemnizaciones.

El 'Caso Mercuri' y el fin de la era Bustos

La investigación partía del pago de comisiones ilegales por parte de empresarios a cambio de adjudicación de obra pública entre los años 2010 y 2012. Esta es la pieza principal del caso, aún pendiente de ser juzgada. Sin embargo, se cuentan más de 50 investigados pendientes de juicio. Hay políticos, cargos municipales y empresarios de Sabadell. El que fuera alcalde durante 13 años, Manuel Bustos, ha encajado ya dos condenas significativas. La primera fue de un año y cuatro meses de cárcel por la modificación de un concurso público en Montcada i Reixac, misma pena que recayó sobre Daniel Fernández y Francisco Bustos y caso que se llevó por delante también a la alcaldesa María Elena Pérez. La segunda condena para Manuel Bustos es de 3 años de cárcel y 17 de inhabilitación por ordenar la retirada de multas a familiares. Entró en la cárcel a principios de este año y, aunque le concedieron el tercer grado restringido al cabo de dos meses, se le retiró el pasado agosto a petición de la Fiscalía. El exalcalde siempre ha defendido que no cobró "ni un euro" y que todo el caso ha sido urdido por sus detractores.