El Parlament reclamará en Bruselas la prohibición del espionaje con Pegasus

Objetivo: que el escándalo del 'Catalangate' que afectó a más de 65 personas entre dirigentes y ciudadanos de la órbita independentista no se vuelva a repetir. Con este horizonte, los grupos de ERC, Junts, la CUP y los 'comuns' suman esfuerzos para reclamar al Parlamento Europeo que prohíba el espionaje con programas como Pegasus. Los cuatro han activado el artículo 203 del reglamento de la Cámara Catalana, el que recoge el derecho a petición para comparecer en Bruselas y exponer que hace falta un nuevo marco legal a escala europea y para exigir la justicia que consideran que se les ha negado desde el Estado español.

El movimiento se produce justo una semana después de que la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso del programa de espionaje Pegasus hiciera público un informe preliminar en el que apunta que España "fue probablemente el primer cliente en la Unión Europea del grupo NSO" y con la vista puesta en la audiencia pública que dicha comisión celebra el día 29 de noviembre sobre el caso del Estado. Lo que pretenden los impulsores de la iniciativa es comparecer tanto en la comisión de peticiones de Bruselas como en esta cita de la comisión de investigación que tendrá lugar en dos semanas, motivo por el que han presentado la propuesta por la vía de urgencia para que sea aprobada en el próximo pleno.

Hace más de 30 años que el derecho a petición ante Bruselas no se invoca desde el Parlament y este mecanismo facilitará que hasta tres diputados puedan exponer en el Parlamento Europeo lo que entienden como un caso que evidencia el "espionaje a la disidencia" y la "invasión de forma injustificada de la privacidad" de cargos electos y de miembros de la sociedad civil, entre ellos, abogados y periodistas.

Además de la denuncia pública del caso, los impulsores instarán a activar una reforma legislativa porque consideran que ni la Carta Europea ni el Tratado de la Unión cuentan con herramientas para proteger los derechos fundamentales en este ámbito. "Buscamos obtener la justicia que no hemos encontrado en el Estado español", ha señalado el diputado de ERC Jordi Orobitg, que ha apuntado que lo que hoy afecta al movimiento independentista mañana puede afectar a otro de distinta naturaleza si no comulga con la línea oficial del Estado. "Espiar a la disidencia no puede quedar impune", ha defendido, además de recordar que probablemente el Catalangate es "la punta del iceberg".

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La propuesta de resolución reclama la "prohibición total e inmediata" de los programas de espionaje en la Unión Europea, así como la imposición de "mecanismos de control y sanción" a los estados que permitan su producción y comercialización, como por ejemplo Israel, donde está ubicada la empresa NSO que suministra Pegasus.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha denunciado que en estos momentos el PSOE, PP y Ciudadanos estén "maniobrando" para que no se puedan aclarar los hechos en Bruselas y ha definido el 'Catalangate' como el "mayor escándalo de espionaje acreditado". En nombre de la CUP, la diputada Montserrat Vinyets ha lamentado la "inacción" del Estado, motivo por el que los grupos parlamentarios han tenido que recurrir a la "autotutela". Los 'comuns', por su parte, por boca de la diputada Susanna Segovia, han insistido en que el caso merece una respuesta en forma de "transparencia y asunción de responsabilidades".