Escrito
El Parlament alega ante el TC que la ley de catalán en la escuela es constitucional
La Cámara defiende que la norma estatal "no califica expresamente el castellano como lengua vehicular"
EFE
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El Parlament ha remitido un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) en el que argumenta que la ley sobre el uso de las lenguas en las escuelas que fija el catalán como lengua vehicular es constitucional y que no excluye al castellano "como lengua de enseñanza".
El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, que choca con la sentencia que obliga a aplicar un 25% de castellano en las aulas, tras un recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Catalunya, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
En el escrito, elaborado por el letrado Antoni Bayona y enviado al TC el pasado 31 de octubre, el Parlament sostiene que la ley se ajusta al Estatut y la Constitución, y recuerda que la ley estatal "no califica expresamente el castellano como lengua vehicular" y que, por tanto, "no puede reprocharse que no lo haga la legislación catalana".
Y agrega: "Nunca ha considerado inconstitucional que la ley no contenga una declaración expresa del castellano como lengua vehicular, si puede interpretarse que la ley no pretende excluir esta condición".
El TC pregunta por Lluís Puig
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha solicitado al Parlament que presente alegaciones en el marco del incidente de ejecución de la sentencia que anuló la delegación de voto del diputado de Junts Lluís Puig acordada por la Mesa en marzo de 2021, han informado fuentes parlamentarias.
Esta petición llega después de que la mayoría independentista de la Mesa acordara este julio mantener la delegación de voto de Puig, que reside en Bélgica, pese a dos sentencias del TC que la anulaban.
A raíz de recursos de PSC, Cs y Vox, el TC declaró que Puig no puede acogerse a ninguno de los supuestos para los que está prevista la delegación de voto.
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