"Operación Cataluña"
La Fiscalía apoya paralizar la comisión rogatoria de la justicia andorrana contra Rajoy
El ministerio público considera vulnerados "el derecho de defensa y los principios constitucionales" del expresidente
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La Fiscalía considera que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid vulneró "el derecho de defensa y los principios constitucionales" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoyal tramitar de forma automática la comisión rogatoria enviada por las autoridades de Andorra en la que se le comunica la querella presentada en su contra por la "operación Cataluña". Por eso defiende ante la Audiencia Provincial de Madrid suspender su tramitación hasta que se resuelvan los recursos de los imputados.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía Provincial de Madrid pide estimar el recurso de queja presentado por la representación de Rajoy contra la tramitación de la comisión rogatoria andorrana, porque considera que el juzgado no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional" para ello.
Coacciones y extorsión
Lo que hizo fue dar traslado "de forma automática a la ejecución de lo solicitado", sin dar "posibilidad de recurso e intervención de la parte afectada", lo que en opinión del ministerio público vulnera los derechos de los querellados a los que en Andorra se les atribuyen delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión y coacciones a órganos constitucionales y documento falso.
En su recurso la defensa de Rajoy se remite a una posible falta de jurisdicción de la justicia andorrana para poder imputarle junto a sus exministros de Economía e Interior Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díazpor los delitos de extorsión, coacciones y chantaje que pudieron haber cometido policías españoles a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) desde 2014 para conocer información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
La Fiscalía examina en detalle el convenio de cooperación judicial existente entre España y Andorra para concluir que "no hay motivo ni base legal para inadmitir un recurso formulado" por Rajoy "contra la resolución judicial dictada en el proceso de ejecución de una comisión rogatoria, máxime cuando el contenido de la solicitud de la autoridad judicial andorrana no es una simple notificación sino también un requerimiento".
No causa perjuicio
La inadmisión de su recurso, sin haber dado siquiera traslado al ministerio fiscal para pronunciarse, vulnera el derecho de defensa y como lo que está en juego es suspender o no la ejecución de la propia comisión rogatoria es "razonable y pertinente acordar la suspensión" de la misma.
Añade que ello "no causa un perjuicio a ninguna de las partes", porque "no se ha alegado urgencia por parte de la autoridad requirente y por el contrario, su ejecución anticipada haría devenir inútil el hipotético resultado del recurso".
De hecho la querella que dio origen al procedimiento andorrano es de 2016, pero la ampliación dirigida directamente contra Rajoy y sus ministros es de 2019. No se admitió a trámite hasta el pasado mes de mayo, cuando cursó a España la comisión rogatoria en cuestión, por el colapso que sufren los tribunales del principado precisamente por procedimientos relacionados con la intervención del BPA.
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