Cifras históricas

La caída de nacimientos agrieta los escudos de Gobierno y autonomías para proteger la natalidad

El Gobierno ha desplegado numerosas medidas, como ampliar los permisos de paternidad y maternidad, y las autonomías han activado ayudas por hijo y deducciones, pero persiste la grave crisis de natalidad que hay en España

La caída de nacimientos agrieta los escudos de Gobierno y autonomías para proteger la natalidad

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Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

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Llegó el Instituto Nacional de Estadística (INE) un miércoles de agosto de 2022 para decirnos que están naciendo en España tan pocos niños que la natalidad se ha apalancado en los niveles más bajos de la serie histórica. Esto es preocupante para el presente del país porque saltan a la vista una serie de problemas económicos que repercuten dañinamente en el tejido social. Pero es también inquietante para el futuro, ya que se prevén tensiones enormes en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones de los próximos años.

Por dar cifras a la tendencia: de enero a junio de 2021 hubo 160.681 nacimientos y en el mismo periodo de este año se contabilizaron 159.705 (casi un millar menos), lo que lleva los registros hasta mínimos históricos. Este 2022 es el octavo año consecutivo que el INE contabiliza un descenso de la natalidad durante los primeros seis meses del año. En concreto, la tendencia es a la baja desde junio de 2015, cuando los nacimientos rozaban los 205.000, según informa Europa Press.

La pandemia nos puso delante un espejismo, visto lo visto, pues si bien han remitido los efectos más graves en el sistema nacional de salud, han irrumpido indicios que sitúan a la economía española en un escenario plagado de incertidumbre. La invasión de Rusia a Ucrania ha escorado el discurso de una recuperación rotunda y ha apagado la euforia de los 140.000 millones de fondos europeos. Las perspectivas no son tan buenas; malos tiempos para tener hijos.

El PSOE, conocidos los datos, ha hecho un diagnóstico realista, pero las fuentes consultadas del partido que dirige Pedro Sánchez confían en que se revertirá. Por un lado, reconocen que la economía se encuentra herida por los efectos de la pandemia y por la guerra en Ucrania, que han sido dos tragedias sucesivas. Han marcado “decisiones familiares” indudablemente, apuntan las fuentes socialistas.

No es ajeno a ello el Gobierno. Es cierto que desde que empezó la legislatura ha activado “políticas de apoyo a las familias”. También lo es que el esfuerzo proseguirá, aseguran. La reforma laboral, el plan ante el reto demográfico, la normativa contra la precariedad en el trabajo, la futura ley de vivienda “pueden ser claves para acompañar un cambio de tendencia” en los registros de natalidad.

A la enumeración hay que sumar la próxima Ley de Familias. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció que en septiembre empezará el proceso de alumbramiento. Entre las propuestas estelares, la prestación universal por crianza y la ampliación a seis meses (actualmente, 16 semanas) de los permisos de paternidad y maternidad. 

Abundante normativa

Revisar el bagaje legislativo que ha llevado a cabo la coalición de PSOE y de Unidas Podemos para fomentar la natalidad es costoso. Dado que se trata de una materia transversal, las medidas abarcan ámbitos variados, desde el laboral al de las ayudas públicas. Las comunidades autónomas, competentes en educación, han desplegado un sinfín de políticas, y no sólo aquí, sino también en otras muchas (vivienda o fiscalidad, por ejemplo). La red estatal, independientemente de su dispersión, existe. 

Otra cosa es que funcione, porque llega el INE un miércoles de agosto con las cifras de natalidad del primer semestre de 2022 y toda esta batería de leyes y propuestas palidece. 

Batería que no es delgada ni corta. En el Congreso, recientemente, fue avalado el decreto sobre el nuevo sistema de cotización para autónomos. Además de aumentar las ayudas dadas a quienes no puedan mantener el negocio y tengan uno o más hijos a cargo, articula una bonificación específica para las autónomas que, tras haber dejado la actividad por nacimiento, regresan a ella o a otra durante los dos años siguientes al parto.

Se trata de un avance significativo, sin duda, que podría aliviar la preocupación de las mujeres sobre cómo desenvolverse laboralmente si es autónoma y decide quedarse embarazada. Otro gran avance ocurrió hace tres años, el 1 de marzo de 2019 concretamente: el Gobierno, en el decreto sobre igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, equiparó los permisos de maternidad y paternidad (las 16 semanas citadas antes) y blindó el derecho a la conciliación.  

En esta línea, la reforma laboral, también vía decreto, estableció que las personas con contratos fijos-discontinuos “no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación”, una cuestión a la que dio prioridad cuando a este respecto remarcó la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios del sector.

La ley de trabajo a distancia, de julio de 2021, ahondó en el derecho a la conciliación (artículo 4.5) y en el de la adaptación de jornada, ya recogido en el Estatuto de los Trabajadores. La normativa del Ingreso Mínimo Vital, con prestaciones por nacimiento para familias vulnerables, y la ley de protección a la infancia enriquecen el bagaje. 

En el área sanitaria, otra aportación. El pasado mes de noviembre fue modificada la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir la reproducción asistida, a la que podrán recurrir mujeres sin pareja, lesbianas y transexuales.

Hasta aquí el elenco normativo. Ahora bien, de política también vive el fomento de la natalidad. Otro debate es que sea suficiente y eficaz. Pensando en la situación de las mujeres en el entorno rural, el Ejecutivo ha desarrollado un plan de 130 medidas. Ya lleva dos años de vida este plan, que sólo en 2021 motivó un gasto de 4.000 millones de euros, según los cálculos de Moncloa. El alcance de las propuestas conviene tenerlo en cuenta, toda vez que en las zonas rurales residen más mujeres (un 76,3% más que hombres). Sin embargo, la renta es un 25% inferior, y consecuentemente, superior el riesgo de sufrir pobreza. Las medidas se fijan sobre todo en el emprendimiento y en las oportunidades laborales. 

Abanico autonómico

La panoplia de políticas de fomento de la natalidad en las comunidades autónomas es inabarcable, ya que están troceadas en ámbitos dispersos. Desde las ayudas por nacimiento o por ingreso en guardería a iniciativas como la que este mismo año anunció Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: la creación de plazas para niños y niñas de 0 a 3 años en los colegios públicos. 

Ahora bien, sin salir de Madrid. El Gobierno madrileño aprobó este mismo 2022 un una estrategia de natalidad con medidas de todo tipo, también de vivienda. Mediante un plan al respecto, se ha propuesto ayudar a los jóvenes a que alquilen casa, pero tal y como este periódico publicó, en el mejor de los casos favorecerá a un 0,07% de los menores de 35 años que residen en la Comunidad. Habida cuenta de que el alza del precio del alquiler absorbe ya el 35% del sueldo medio en ocho autonomías, parece claro que las ayudas aquí deberían ser más ambiciosas.

Ayudas (directas e indirectas) durante el embarazo y primeros años de vida del menor, deducciones en el tramo autonómico del IRPF por hijo y prestaciones a partir del tercer hijo (familias numerosas) son otras medidas, variables según el territorio, ya que no existe un marco básico. Existen planes de natalidad regionales, sí, pero no un dicho marco básico.

No parece que estén funcionando a tenor de los datos del INE publicados este miércoles. Según la tabla autonómica hecha por Efe, la tasa interanual sale a favor sólo en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Madrid. En comunidades como La Rioja y Baleares las caídas han sido notorias (del 8 y del 4 por ciento, respectivamente). En el País Vasco se ha quedado el descenso en algo más del 2%, lo que la administración foral se temía, ya que en junio el Parlamento aprobó una Estrategia con propuestas de este cariz: ayudas de 200 euros al mes por hijo hasta los 3 años, concesión de préstamos sin intereses para proyectos de emprendimiento o de vivienda para jóvenes o gratuidad del ciclo escolar de 0 a 2 años.

La oposición

Con la mesa llena de medidas, tanto las del Gobierno como las de las autonomías, cabe preguntarse si no sería más efectiva una ley específica que enumerara, dentro de parámetros básicos, todas ellas. O que plantee otras nuevas más ambiciosas. En el PSOE no se pronuncian; se emplazan al acervo ya en vigor y a las leyes que vendrán. La de vivienda será fundamental, insisten las fuentes. El PP tampoco se manifiesta; es probable que aborde la crisis de la natalidad en España a partir de la semana que viene, indican a este medio fuentes de la formación.

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El PNV, consultado al respecto, se abre al diálogo siempre y cuando el proyecto o proposición de ley no menoscabe el campo competencial ya movilizado en Euskadi, como prueba la Estrategia aprobada en junio. Ciudadanos, según sus fuentes, urge a atajar la precariedad, a lanzar un paquete de medidas contundentes de apoyo a las familias y garantizar el sistema de pensiones frente a la curva demográfica. Reclaman, además, un Pacto de Estado por la Natalidad.

Si no una ley, quizá sirva un compendio de alcance político para comenzar a revertir la crisis de la natalidad, derivada, claro, de la crisis económica.