Congreso

La ley de vivienda, paralizada pese a su urgencia: ya lleva cuatro meses bloqueada

  • El proyecto de ley que se tramita por la vía de "urgencia" lleva desde abril a la espera de que la Comisión correspondiente reactive los trabajos en el Congreso

  • Será necesaria una intensa negociación entre los propios partidos del Ejecutivo, primero, y con ERC y EH Bildu, después, para lograr la mayoría necesaria

La ley de vivienda, paralizada pese a su urgencia: ya lleva cuatro meses bloqueada

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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La ley de vivienda -tan arduamente negociada- es "imprescindible" para el Gobierno de coalición. Tanto que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró en febrero que la norma se tramitaría de urgencia en el Congreso. Pero esas prisas, esa "urgencia", parecen no ser para tanto. El texto de la ley lleva bloqueado casi cuatro meses en la Cámara Baja a la espera de que la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, presidida por los socialistas, reactive los trabajos. El Ejecutivo insiste en que la norma estará aprobada antes de que termine el año, pero la negociación política lo complica.

Los retrasos en torno a esta norma han estado a la orden del día desde su concepción. Fue el 26 de octubre de 2020, al borde de las 22:00 horas de la noche, cuando PSOE y Unidas Podemos acordaron legislar el precio de los alquileres. El pacto fue fruto de una tensa negociación que permitió salvar el primer paso de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el entendimiento entre los propios social. 648 días han pasado desde entonces y, a buen seguro, se cumplirán dos de aquel día sin que el texto esté aprobado.

"Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", aseveró Rodríguez el pasado 1 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso para que fuera tramitado con carácter de "urgencia".

Cientos de enmiendas

Su arranque en la Cámara Baja fue complejo. Hasta el último minuto peligró su aceptación a trámite que, finalmente, salió gracias al 'sí' de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros grupos minoritarios. Una vez en marcha la maquinaria parlamentaria, se abrió el plazo para presentar enmienda a la norma. La Mesa de la Comisión de Transportes amplió hasta en nueve ocasiones este periodo, en total dos meses que se extendieron hasta el 27 de abrir y en los que se registraron más de 850 enmiendas. El siguiente paso debía ser la convocatoria de una ponencia, en un plazo de 15 días, que redactara un informe. Sin embargo, nuevamente, se han producido prórrogas y la norma lleva casi 4 meses a la espera de que se reactiven estos trabajos.

El problema, según apuntan fuentes parlamentarias, residen en la incapacidad de los partidos -incluidos los dos que conforman el Gobierno- para alcanzar un entendimiento que permita alcanzar la mayoría a su paso por el pleno del Congreso. Ya en un primer momento, la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez, se vio obligada a comprometerse desde la tribuna de oradores con que la ley respetará las competencias autonómicas y será negociada con las fuerzas progresistas. Este anunció fue el que consiguió llevar a ERC y EH Bildu al 'sí'. Sin embargo, PPCsPNVPDECatJuntsVoxCoalición Canaria y el PRC se opusieron.

Negociaciones pendientes

Todo apunta a que las negociaciones con los republicanos catalanes y con el partido abertzale serán arduas. Pese a ese apoyo inicial, ambas formaciones reclamaron modificaciones sustanciales en la norma ya que, a su entender, supone una invasión de competencias autonómicas, dado que regula ciertos aspectos, como son la vivienda, que están cedidos a las comunidades. Esta cuestión también motivó un informe en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ERC fue el partido más crítico y denunció que la ley estatal podría entrar en conflicto con la normativa aprobada por el Parlament en materia de alquileres.

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Las tensiones no serán solo de puertas para afuera del Ejecutivo. Unidas Podemos registró más de 60 enmiendas para modificar un texto que, en principio, era fruto del acuerdo previo de ambos partidos. Sin embargo, los morados quieren cambiar uno de los aspectos más importantes de la ley: el plazo para obligar a los grandes tenedores de viviendas a ajustar los precios a un índice elaborado por el Ministerio. La norma plantea un periodo de 18 meses, lo que situaría el despliegue real de la norma en la próxima legislatura; Unidas Podemos quiere reducirlo a 3 meses.

Pese a las dificultades, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno, David Lucas, mostró su convencimiento en que la ley se apruebe tras el verano.