El PSOE rechaza tocar el Código Penal para blindar el impuesto a los bancos como pide Podemos

Pedro Sánchez anunció hace unas semanas la creación de un nuevo impuesto para las entidades bancarias, con el que esperan recaudar 3.000 millones en los próximos dos años, y Unidas Podemos lo aplaudió. Sin embargo, se abrió un nuevo debate: ¿cómo hacer para que los bancos no repercutan esa subida fiscal a sus clientes? En esa cuestión lleva desde entonces enfrascado el Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos tienen claro que algo hay que hacer. Los morados presentaron una propuesta a sus socios para crear un nuevo delito en el Código Penal. No obstante, los socialistas han rechazado este martes esta vía.

"No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el cual se pueda sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes", ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Eso sí, se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que en la futura ley se incluirá la prohibición explícita para los bancos de incrementar los costes a los clientes con el objetivo de cubrir los gastos que suponga el nuevo impuesto.

Podemos reclama un nuevo delito fiscal para evitar que energéticas y bancos repercutan el nuevo impuesto a los clientes

Además, la dirigente socialista ha explicado que una modificación del Código Penal como la planteada por Unidas Podemos "requeriría de una ley orgánica" y, por lo tanto, una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el anuncio realizado por Sánchez es que se tramitaría a través de una proposición de ley ordinaria. "No es este el lugar en donde habría que incorporar nada respecto a esta cuestión", ha insistido Montero.

Más allá de la prohibición que el ala socialista del Ejecutivo quiere introducir en el texto de la ley que, previsiblemente, se registrará a lo largo de esta semana, Montero ha apuntado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuenta con mecanismos para sancionar "cuando alguien no cumple con la legislación o se aparta de las reglas del mercado".

La propuesta

El planteamiento de Unidas Podemos era incluir un nuevo artículo 284bis en el Código Penal y modificar el 288 con la idea de que contemplaran penas de prisión y multas para los administradores de entidades bancarias que con motivo de modificaciones fiscales "alteren los precios de venta al público". En su propuesta, la pena a imponer sería de dos a diez años de prisión y la multa de dos a cinco años.