Podemos reclama un nuevo delito fiscal para evitar que energéticas y bancos repercutan el nuevo impuesto a los clientes

Pedro Sánchez anunció la pasada semana la creación de un nuevo impuesto para las grandes eléctricas y la banca. La cuestión que se debate ahora en el seno del Gobierno es cómo evitar que estas empresas no acaben repercutiendo esa subida fiscal a sus clientes. La propuesta lanzada este martes por la secretaria general de Podemos y ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, es la creación de un nuevo "delito fiscal" que sancione estas prácticas. "Esta idea manda el mensaje correcto, que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general", ha sentenciado.

En el seno del Gobierno de coalición ya está habiendo conversaciones, aún iniciales, sobre cómo vehicular la creación de estos nuevos impuestos con los que se pretende recaudar en dos años 4.000 millones de euros de las grandes eléctricas y 3.000 millones de las entidades financieras. En esas conversaciones, Belarra introducirá la creación de un nuevo delito, según lo ha anunciado en una mesa redonda de la Universidad de Verano de la Complutense.

"En este momento yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura y, por eso, una de las cosas que le vamos a proponer al PSOE es que se cree un nuevo delito fiscal por repercusión de impuestos, con un agravante en el caso de empresas de sectores estratégicos", ha dicho Belarra. Esto último supondría endurecer las sanciones para las empresas energéticas.

Aunque sin desvelar la fórmula exacta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró la pasada semana que "en la norma [que regule los impuestos] se contemplará que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen en el precio final".

La "prueba del algodón"

Belarra, además, ha aplaudido el giro que Sánchez imprimió al rumbo del Gobierno durante el debate del estado de la nación al anunciar ambos impuestos y otras medidas. Sin embargo, la dirigente morada ha asegurado que este viraje debe ser ratificado en los próximos Presupuestos Generales del Estado que ya se están negociando y que empezarán a tramitarse a la vuelta del verano.

En concreto, ha sostenido que las futuras cuentas públicas serán la "prueba del algodón" que verifique las intenciones del PSOE de cara al último año de legislatura y que deberán recoger distintas propuestas sociales. Entre ellas, está la imposición de un tope al precio de los carburantes, una renta crianza universal de 100 euros, un incremento del gasto en dependencia o conciliación o aumentar las bajas de maternidad y paternidad. Sin hacer mucho ruido y evitando reabrir la polémica, ha sostenido que estas medidas deberían ser prioritarias al incremento del gasto militar.