PSC, ERC y CUP dejarán caer a Laura Borràs como presidenta del Parlament

Laura Borràs afronta sus últimas horas como presidenta del Parlament después de que el juez haya dictado este martes la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber amañado contratos entre 2013 y 2017 durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a un amigo suyo. Todos los partidos, salvo Junts, están dispuestos a aplicar el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara y a suspender "de forma inmediata" a la líder posconvergente estar acusada de delitos vinculados a la corrupción.

La Mesa se reunirá el jueves para llevar a cabo el cese temporal de la presidenta. PSC, ERC y CUP votarán a favor de suspenderla y sus cinco votos se impondrán al único que podrá registrar Junts, ya que sólo se pronunciará la diputada y secretaria del órgano rector Aurora Madaula, al estar Borràs implicada directamente y, por ende, afectada por conflicto de intereses. La dirigente se quedará sin sueldo, sin derecho a voto y sin opciones de ejercer la representación parlamentaria, al menos hasta que tenga sentencia y dependiendo de la resolución del tribunal, ya que el fiscal le pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación. Por el momento conservará su escaño, ya que la lista electoral no corre, y en caso de ser absuelta recuperará sus funciones como diputada.

La incógnita es ahora qué movimiento llevará a cabo Borràs, es decir, si decide apartarse y renunciar a la presidencia para que su grupo pueda proponer a otro candidato y continuar al frente de la institución o si, por contra, se atrinchera y opta por dejar su silla vacía, algo que implicaría que sus funciones quedan en manos de la vicepresidenta primera, Alba Vergés, de ERC.

Los republicanos emplazan a la posconvergencia a tomar una decisión sobre el futuro de la presidencia y aseguran estar dispuestos a aceptar una propuesta para cumplir con el acuerdo de legislatura, que marca que ERC ostenta el mando de la Generalitat y Junts, la batuta del Parlament.

Sin precedentes

Nunca antes se ha suspendido a un presidente del Parlament y tampoco antes se ha aplicado el artículo 25.4 del reglamento. La decisión es insólita y obedece a la inclusión de este artículo en el reglamento en el 2017, a propuesta de la CUP y con los votos de Junts pel Sí.

Los letrados, a petición de Borràs, elaboraron un informe en el que expresaban dudas sobre el redactado del 25.4 e incluso apostaban por suprimirlo porque la corrupción en sí no aparece en el Código Penal, aunque el Consejo General del Poder Judicial sí incluye en esta categoría el delito de prevaricación, uno de los dos delitos que se le achacan a la presidenta.

El reglamento prevé que, en caso de dudas, se pueda solicitar un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que está presidida por uno de los hombres de confianza de Borràs, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts). Esto permitiría dilatar los plazos, aunque fuentes parlamentarias sostienen que nadie la apoyará esta travesía. Quizá ni su propio partido, ya que puertas adentro un sector prefiere que se aparte antes de que sean las otras fuerzas políticas las que la echen.

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