Apertura de juicio oral

Laura Borràs se sentará en el banquillo de los acusados por prevaricación y falsedad

  • El fiscal reclama para ella seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación por presuntamente haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo suyo

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en la sede de JxCat

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en la sede de JxCat / QUIQUE GARCÍA/EFE

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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La presidenta del Parlament y líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, será juzgada por los delitos de prevaricación y falsedad documental. El juez instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, ha acordado la apertura de juicio oral contra Borràs después de haber cerrado la instrucción por presuntamente amañado 18 contratos menores entre 2013 y 2017 durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a un amigo y colaborador suyo, Isaías Herrero.

El fiscal reclama para ella seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. También pide los mismos años de cárcel e inhabilitación y una multa de 72.000 euros para Herrero y tres años de prisión, inhabilitación por 10 años y multa de 30.000 euros para otro implicado, Andreu Pujol Martín.

A partir de ahora, la palabra la tienen los abogados de los acusados, que deberán presentar sus escritos de defensa en un plazo de 10 días, y después el tribunal fijará la fecha para el juicio, que se celebrará en el TSJC por su condición de aforada. Borràs ha asegurado reiteradamente que ella no ha cometido ningún delito y, por lo tanto, previsiblemente solicitará la absolución. La presidenta del Parlament considera que este proceso es una persecución judicial contra ella por ser independentista y se aferra a sus cargos institucionales, aunque PSC, ERC y CUP usarán su mayoría en la Mesa para suspenderla como diputada, cumpliendo así con el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que debe ser apartado temporalmente aquel al que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Borràs dejará de ser la jefa de la Cámara catalana con la incógnita de si renunciará antes y permitirá que otro de su partido ostente la presidencia o si, por contra, deja la silla vacía y la vicepresidenta primera, de ERC, asume la interinidad.

En su resolución, el magistrado precisa que la apertura de juicio oral se basa en los hechos relatados por el fiscal y se fundamenta en "el momento exclusivamente en indicios", de manera que no "puede comprometer todavía la presunción de inocencia" de los acusados, aunque apunta que "existe una razonabilidad y consistencia de los planteamientos acusatorios, que responden a los indicios acopiados" durante la investigación. Eso sí, reconoce que hay una diferencia entre el argumento del fiscal y el suyo. Cosiste en que la acusación atribuye a Borrás solo los delitos de prevaricación y falsedad, pero no de malversación o fraude, aunque el juez tilda a esa discrepancia "técnica" de irrelevante para dictar la apertura del juicio.

Fraccionamiento indebido

En el escrito de acusación, las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero, con quien había mantenido relaciones profesionales previas en la universidad y en un grupo de investigación. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA), incide la acusación.

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De esta manera, la dirigente de Junts, en calidad de directora de la ILC, otorgó un total de 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas", según las fiscales. El propósito, precisan, era "vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente", siendo conscientes de que con "su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa" de contratación administrativa e impedían la adjudicación del servicio a otra persona. El importe de los contratos bajo sospecha asciende a 277.438,17 euros (336.700,29 euros con IVA).

Con el fin de "ofrecer una apariencia fingida respecto de los principios de publicidad y pública concurrencia", incide la acusación, Borràs y Herrero acordaron que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino propuestas "comparsa" elaboradas "falazmente" por ellos y por el otro imputado, Pujol Martín. La idea era "simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, de encubrir que el adjudicatario real de todos ellos" era Herrero y de "enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos".