Contras exjefes de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega "directrices políticas" en que crea prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco

  • El criterio fiscal supone un hándicap para las causas reabiertas contra la cúpula de ETA por distintos atentados

  • Argumenta que el cómputo para declarar prescrito un crimen siempre comienza cuando se produjo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega "directrices políticas" en que crea prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Epi_rc_es

3
Se lee en minutos
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

ver +

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido salir al paso de las críticas que está recibiendo tras conocerse que considerará prescritas las actuaciones de los exjefes de ETA imputados por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco con un comunicado en el que niega actuar o, incluso, haber recibido "directrices de carácter político".

El criterio fiscal fue anunciado por el representante del ministerio público que acudió este jueves a la toma de declaración de Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', y Soledad Iparragirre, 'Anboto', para los que no pidió ninguna medida cautelar, frente a las tres acusaciones populares personadas, Dignidad y Justicia, Asociación Víctimas del Terrorismo y el PP -partido del que era concejal Blanco-, que solicitaron la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país para el primero, al estar al segunda ya en prisión.

A la comparecencia acudió Pedro Rubira en lugar de Vicente González Mota, que hasta ahora ese momento era el fiscal a cargo del caso y que hasta había recurrido que el juez considerara prescritas las actuaciones contra otro miembro de la cúpula de ETA Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería', por haber transcurrido más de 20 años desde su arresto.

Consulta a Fiscalía General

El cambio de criterio fiscal, adelantada por 'El Mundo', obedece a que desde la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ejercida por Jesús Alonso, se consultó con la secretaría técnica de la Fiscalía General, ocupada por Álvaro García, futuro fiscal general, como es práctica habitual en ciertas diligencias de especial trascendencia.

Desde la superioridad se trasladó que el cómputo de 20 años para declarar la prescripción de un delito debía contarse desde el momento que ocurrieron los hechos investigados y no cuando fueron arrestados los investigados, que era la opción defendida por González Mota en una interpretación novedosa de la ley al respecto.

En su nota, la Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que en ese procedimiento y en todos los demás "ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico" le confieren "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley", de acuerdo con "los principios de legalidad e imparcialidad".

Desde que se produjo el crimen

Añade que no "se han recibido directrices de ningún tipo, y menos de carácter político" y los criterios de "actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura de la causa, porque no hay discusión sobre la forma de computar la prescripción que "comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de dirige contra persona concreta mediante acto de imputación".

Noticias relacionadas

Añade que "la prescripción, que se ha de declarar en el momento procesal oportuno, no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional, cuyas reaperturas, no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del ministerio público". 

No obstante, el criterio fiscal sobre prescripción no les augura ningún futuro, aunque el juez instructor, Manuel García-Castellón, puede seguir adelante con el impulso que den a las actuaciones las acusaciones populares, a las que este viernes se unió Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. Viendo lo ocurrido en Fiscalía será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tendrá la última palabra.