El Gobierno cree que el CGPJ va de farol con su amenaza de no nombrar su cuota para el TC

El Gobierno está a punto de cerrar la carpeta pendiente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Con éxito desigual, pero se dispone a pasar página. La actualización del órgano de gobierno de los jueces, para lo que necesitan un acuerdo con el PP, la da por perdida para el resto de la legislatura. La Moncloa entiende que ese pacto ya no es posible y que el PP, a pesar de las promesas iniciales de Alberto Núñez Feijóo, no tiene intención de facilitarlo, tampoco ahora que se ha marchado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por problemas de salud. 

Pero sí ha conseguido desbloquear el nombramiento del tercio del Tribunal Constitucional, que concluyó su mandato el pasado 12 de junio, de los que dos magistrados los nombra el Gobierno y otros dos el CGPJ. Ha sido con una argucia legislativa que modifica una reforma anterior para impedir que un Poder Judicial en funciones, cuya etapa haya acabado, pueda seguir haciendo nombramientos. Esto, que se ideó para presionar al PP y forzar la renovación (sin éxito), se ha retocado ahora para el CGPJ sí pueda designar a los dos jueces que le corresponden. Sin dilación, además, porque se establece un plazo que expira el 13 de septiembre. 

Este miércoles el Senado aprueba, si no hay contratiempos, la reforma que permitirá que el CGPJ pueda nombrar a los dos jueces al TC que debe nombrar aunque tenga el mandato vencido

Esta modificación encara ahora la fase final con su aprobación definitiva, salvo sorpresas de última hora, este miércoles en el Senado. A la vuelta del verano, los nuevos nombramientos consolidarán un TC de mayoría progresista. Para ello, precisamente, se han urdido todos estos cambios. El Gobierno tiene absoluta confianza en que así sea y no ve factible ningún acto de rebeldía del CGPJ. 

Fuentes gubernamentales rechazan imprevistos y muestran toda su confianza en que el órgano de los jueces elija a su cuota en el TC en el tiempo establecido. Porque cualquier atisbo de desacato, señalan, supondría colocarse en una "posición peligrosa". "No puede hacer política" ni plantear una "oposición" a otros poder del Estado, en este caso el Legislativo. Por ello en el Ejecutivo dan por "seguro" que el CGPJ "cumplirá con la normativa y la institucionalidad". 

El pleno no significa el acuerdo

Desde el Gobierno se respondía así a la información publicada por 'El Periódico de España', de este mismo grupo editorial, sobre que el CGPJ no garantizaba que pudiera cumplir antes del 13 de septiembre con el nombramiento de su cuota en el Constitucional. El pleno se convocará, por supuesto, tras las vacaciones, pero algunos miembros del órgano de los jueves advirtieron a este diario de que hacerlo no significa en sí mismo lograr el acuerdo. Hay vocales que opinan que la reforma que este miércoles ratificará el Senado marca una fecha para poner en marcha el procedimiento, pero no puede obligar a la consecución de un pacto en un "órgano colegiado de plural composición".

Si el Poder Judicial nombra a dos magistrados conservadores, no habría mayoría progresista, sino una división a la mitad del TC

Y, según las fuentes consultadas, concurre también el peligro de que el sector conservador tenga la tentación de hacer valer su supremacía (sólo les haría falta un voto más para contar con los doce requeridos) y designe a dos jueces para el TC de su misma cuerda. Esta circunstancia tampoco parece inquietar al Ejecutivo pero, de suceder, acabaría con su pretensión de conseguir un Constitucional progresista. Ya no serían siete magistrados de este bloque frente a cinco conservadores que ansía el Gobierno, sino un tribunal fracturado en dos mitades de seis magistrados, que precisaría el voto de calidad del nuevo presidente que se escoja para deshacer empates. 

Conversaciones "de cero"

El Ejecutivo no se pone en esta tesitura a pesar de que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aludió públicamente a la dificultad que conlleva alcanzar un consenso aunque haya un plazo tasado. En la Moncloa tuvieron claro desde el principio que acelerarían la llegada de un TC progresista si el PP no cumplía con el compromiso de la renovación ante la convicción de que habría un cambio de mayoría.

Defienden incluso que se habló con la anterior dirección del PP —la reforma de la reforma— para salvaguardar el Constitucional si ante la siguiente renovación (la que tocaba en junio), aún no habían logrado desbloquear el CGPJ. En Génova el equipo de Feijóo replica que avisaron desde el comienzo de que las conversaciones partían "de cero". 

Tan de cero que al final han sido imposibles. Un error de comunicación frustró las negociaciones. El PP dio a entender que aún tardaría un mes, después de las andaluzas, en sentarse a hablar. La realidad es que pretendía hacerlo la semana siguiente. Pero esa nueva demora (el CGPJ lleva tres años y medio caducado) enervó al Gobierno que planteó de manera unilateral la reforma para salvar el TC, que ahora el propio órgano de los jueces amenaza.