Investigación
La Abogacía del Estado pide poner fin a la instrucción del caso Gali
A su juicio, la ampliación acordada para continuar con la investigación vulnera la decisión acordada por la Audiencia de Zaragoza respecto a González Laya y Villarino, los dos únicos altos cargos ministeriales que fueron investigados por estos hechos
La Abogacía del Estado ha instado al juez de
Zaragoza
que investiga la presunta entrada ilegal en España del líder del
Frente Polisario
,
Brahim Gali
, que ponga fin a la instrucción del caso tras la decisión de la Audiencia de Zaragoza de sobreseer de forma provisional la investigación en torno a la exministra de
Asuntos Exteriores Arantxa González Laya
y de su exjefe de Gabinete Camilo Villarino.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la representante de la Abogacía del Estado pide expresamente al instructor que revoque el auto en el que acordó la prórroga de la instrucción durante seis meses al entender que de las diligencias pendientes podrían deducirse elementos de prueba de posibles delitos de falsedad o de prevaricación.
A su juicio, la ampliación acordada para continuar con la investigación vulnera la decisión acordada por la Audiencia de Zaragoza respecto a González Laya y Villarino, los dos únicos altos cargos ministeriales que fueron investigados por estos hechos, y constituye, además, una "manifiesta indefensión" en relación a sus representados.
Una indefensión, añade, que se deriva del hecho de que el instructor continuará con la investigación de los hechos sin la presencia de su defensa.
"Entender que el presente procedimiento puede continuar por el delito de prevaricación supone no sólo desatender lo resuelto por la Audiencia de Zaragoza", asegura la letrada, para quien esta situación supone, además, un empeoramiento de la situación legal de Villarino y de González Laya al no contar ya con defensa.
Considera, por otra parte, que no existe "motivación" para ampliar seis meses la instrucción, y resalta en relación al presunto delito de falsedad investigado, por la utilización por parte de Gali de un pasaporte falso al ingresar en el hospital de Logroño para ser tratado de un
coronavirus
agravado, que correspondería a los juzgados de la capital riojana.
Contra este recurso ha presentado un escrito de alegaciones el representante de la acusación popular, el letrado Antonio Urdiales, quien advierte a la letrada de la Abogacía del Estado que el delito de prevaricación ya está descartado por el instructor desde el momento en que la Audiencia de Zaragoza estableció que la entrada de Gali en España fue un "acto político de gobierno" no sujeto a investigación judicial.
Este abogado apoya la decisión del instructor de continuar con la investigación de presuntos hechos delictivos al ordenar al representante del Frente Polisario en España que informe sobre la información que disponía del viaje de Gali, las personas del Gobierno español con las que habló y la información que pudo intercambiar entonces sobre la situación legal de su líder en España, sobre el que constaban órdenes de búsqueda por parte de la
Audiencia Nacional
.
Según Urdiales, si de las pruebas practicadas se determinara que las autoridades españoles conocían los requerimientos sobre Gali y que eso pudo motivar la decisión de ocultar su desplazamiento en abril de 2021, el "acto político" que justificaría su aterrizaje en la base de Zaragoza sin exhibir pasaporte alguno quedaría desvirtuado, ante la obligación de las autoridades de informar de la presencia de personas requeridas en causas penales.
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