Malestar en la Audiencia Nacional con el Gobierno por los datos del espionaje a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga los ataques sufridos en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros para poder practicar diligencias con la máxima reserva con el objetivo de que las pesquisas lleguen a buen puerto. De ahí que en la Audiencia Nacional haya generado cierto malestar el que se conociera que entre los próximos pasos del magistrado está interrogar a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a los agentes que participaron en los informes realizados sobre el espionaje, señalaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Para poder ahondar en lo ocurrido en los ataques denunciados por la Abogacía del Estado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se dirigió al Ejecutivo a través de dos suplicatorios para que se procediera a la desclasificación de documentos y se permitiera declarar a las personas que pudieran tener conocimiento de lo ocurrido, ya que todo lo relacionado con los servicios de inteligencia es materia reservada.

En el Consejo de Ministros del pasado martes se habilitó a los funcionarios del CNI, su actual directora, Esperanza Casteleiro, así como a su antecesora, la destituida Paz Esteban, a "compartir la información que conozcan con la Justicia" para que el juez encargado de las diligencias relativas a los ataques a los móviles del presidente del Gobierno, así como de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y el intento de agresión a Luis Planas, pueda proseguir con la instrucción de la causa. 

Ahondar en los ataques

La comparecencia de Esteban en la Audiencia Nacional, adelantada por El Confidencial, ha supuesto para los magistrados de la Audiencia Nacional la constatación de que el Ejecutivo no parece consciente de la importancia del sigilo para un adecuado desarrollo de la investigación. Para ello resultaba imprescindible la desclasificación de documentos y autorizar a los autores del informe del Centro Criptológico Nacional, en el que se basó la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado, para resolver las dudas que puedan tener el magistrado y el reprsentente del ministerio público adscrito al caso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

En el tribunal se tiene la sensación de que el Ejecutivo no es consciente de la importancia del sigilo con el que debe desarrollarse la instrucción de la causa

En el auto de admisión a trámite del magistrado figuraba que en esos informes se afirmaba que los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa "ponen respectivamente de manifiesto" que el móvil del primero "fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", fechas que coincidieron con la entrada masiva de inmigrantes por la frontera con Marruecos. El ataque sufrido por la segunda fue en junio de ese mismo año.

Los Servicios Jurídicos del Estado ampliaron su denuncia luego con el detectado en el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento descubierto en el de Agricultura, Luis Planas. Ambos se produjeron en fechas similares a las de su compañera de Gabinete.

Suscríbete para seguir leyendo