Alicante

Puig sobre la imputación de su hermano: "Si se observa alguna irregularidad, la Generalitat pedirá compensaciones o lo que corresponda"

El jefe del Consell defiende que la Administración no está implicada en la causa por la que declara su familiar en el juzgado. Asegura que "la justicia dio portazo al PP"

GRAFCVA5985. VALENCIA, 23/05/2022.-El president de la Generalitat, Ximo Puig ,durante la rueda de prensa tras mantener una reunión de trabajo para definir las ofertas de empleo público que aprobará el Consell .EFE/ Biel Aliño

GRAFCVA5985. VALENCIA, 23/05/2022.-El president de la Generalitat, Ximo Puig ,durante la rueda de prensa tras mantener una reunión de trabajo para definir las ofertas de empleo público que aprobará el Consell .EFE/ Biel Aliño

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M. A. Rives

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha defendido este lunes que la Generalitat Valenciana no está "concernida" en la causa judicial que salpica a su hermano, Francis Puig, quien declara esta mañana en los juzgados por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental relacionada con la recepción de ayudas públicas. No obstante, el presidente autonómico ha asegurado que si se observa alguna irregularidad que cause perjuicios a la Administración valenciana, la Generalitat pedirá compensaciones o lo que corresponda. Porque cualquier empresa de la Comunidad, ha recalcado, debe dar explicaciones frente a cuestiones de este tipo "trabaje quien trabaje".

La causa abierta contra una de las empresas administrada por el hermano del jefe del Consell fue promovida por el Partido Popular, quien ha venido utilizando este caso como línea de desgaste contra el Botànic y, en concreto, contra Puig. Preguntado por la declaración de su familiar, el líder autonómico ha recalcado que la Generalitat no está afectada por esta cuestión.

"El PP intentó involucrar a la Generalitat en esta cuestión y la Justicia dio portazo al PP", ha subrayado el también líder del PSPV en una convocatoria pública que se ha desarrollado mientras declara su hermano en la Ciudad de la Justicia de València. Allí, el abogado de Francis Puig ha asegurado que está dispuesto a aclarar las "dudas" y los "numerosos errores" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se sustenta buena parte de la investigación. En ese contexto, ha sido Puig el que ha programado una rueda de prensa pública abierta a las preguntas de los medios de comunicación.

Al respecto, el jefe del Consell ha querido dejar claro que "es una cuestión que desde la perspectiva de la Generalitat quedó bien clara desde el primer momento", mientras ha criticado la "manera de actuar" del PP con sus querellas.

Por lo demás, ha asegurado que el gobierno valenciano siempre acatará las decisiones judiciales y que cualquier empresa de la Comunidad debe tener "los mismos deberes y los mismos derechos". "Es una empresa que deberá dar las explicaciones que tenga que dar, trabaje quien trabaje", ha aseverado.

En esa línea, el jefe del Consell ha incidido en que si en un momento determinado se observan irregularidades, "desde luego que la Generalitat pedirá las compensaciones o lo que corresponda".

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Puig incidido en un mensaje en el que siempre hace hincapié, y es que desde la llegada del Botànic al poder, "Hemos demostrado desde 2015 que estamos aquí para mejorar la reputación de la Comunidad Valenciana, lo hemos venido haciendo y lo vamos a hacer siempre, esté quien esté afectado".

En esta causa, el Juzgado de Instrucción 4 de València investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre 2015 y 2018.

El hermano de Puig, ante el juez por un supuesto fraude de subvenciones

El Juzgado de Instrucción número 4 de València escuchará este lunes, en calidad de investigado, a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de una causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental.

El miércoles será el turno de su socio y administrador de Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bovell, todo ello en el marco de una investigación judicial que nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigado, además de Puig y Adell, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.

El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, sobre la contabilidad de varias mercantiles para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig, por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro antes de que se haya iniciado una investigación.

Las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut Producción y Canal Maestrat recibieron subvenciones por parte de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, que eran compatibles siempre que no superasen el gasto realizado.

En informes contenidos en el sumario de la causa, la Guardia Civil ha señalado cuatro tipos de supuestas irregularidades en la justificación de gastos para optar a dichas subvenciones (facturas cruzadas, facturas por gastos no subvencionables, justificaciones de los mismos gastos ante varias administraciones y omisión del hecho de haber recibido subvenciones por idénticos proyectos).

Por ello, Anticorrupción ha solicitado a los servicios de Intervención de las Administraciones implicadas que realicen informes-auditoría sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa.

Tras conocer las citaciones judiciales, desde la empresa Comunicació dels Ports se emitió un comunicado en el que se indicaba que "las dudas" de los investigadores se ciñen "a un número muy limitado de facturas" y "serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial que se solicitará en breve".

Igualmente, se insistía en que "en ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal" y se advertía de que "el informe policial confunde, al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto".

Por último, subrayaba esta empresa que "las comprobaciones de la Agencia Antifraude realizadas en 2020 concluyeron con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración.