Normalización lingüística

PSC, ERC, Junts y 'comuns' pulen la nueva ley para cerrar el consenso sobre el catalán en las aulas

  • El redactado final de algunos conceptos, último escollo para un neonato consenso

Un aula de Bachillerato del Instituto Quatre Cantons de Barcelona.

Un aula de Bachillerato del Instituto Quatre Cantons de Barcelona. / Manu Mitru

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Júlia Regué
Júlia Regué

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Xabi Barrena
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Daniel G. Sastre
Daniel G. Sastre

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Los partidos agotan los plazos para reconducir un pacto lingüístico que se frustró hace tres meses. Las negociaciones a cuatro bandas –PSC, ERC, Junts y ‘comuns’- continúan, el acuerdo está encarrilado, pero quedan pendientes de cerrar unos últimos flecos en el redactado, según fuentes negociadoras. El objetivo sigue siendo que una nueva ley "sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria" permita encajar la sentencia del 25% de castellano sin fijar porcentajes en las aulas y que, por otro lado, un decreto del Govern otorgue la validación de los planes lingüísticos a Educació, para evitar posibles represalias a los directores de los centros educativos.

El texto que discuten los grupos parlamentarios, con consultas más o menos continuas a las respectivas direcciones, contempla el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua docente. Pero la disputa principal está en explicitar o no un rechazo a los porcentajes. Junts presiona para que así sea –en la misma línea que el decreto-, pero el PSC lo desdeña, ya que podría contravenir de forma directa la sentencia judicial.

El camino intermedio pasa por acomodar el redactado sin mencionar los porcentajes, pero dejando sobre papel que la lengua catalana es "normalmente empleada como lengua vehicular" mientras que el castellano es "empleado en los términos que fijen los proyectos educativos", atendiendo a “criterios pedagógicos” y a la “realidad sociolingüística”. El TSJC dio de margen hasta el 31 de mayo para cumplir con su fallo, así que el pacto deberá alumbrar antes de esta fecha siendo tramitada por la vía rápida y de urgencia extraordinaria.

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En cuanto al decreto del Govern. Está por ver qué apoyos tendrá en el hemiciclo, ya que la CUP, que quiere volver a entrar en la discusión sobre el catalán, alega que no se ha abierto un diálogo con la comunidad educativa, mientras que los ‘comuns’ están a la expectativa de cómo termina el acuerdo parlamentario para abrir este otro debate.

El decreto actúa, junto con la nueva ley, a modo de pinza. El texto legislativo sanciona que el régimen escolar en Catalunya se articula a partir de los proyectos educativos y, el decreto detalla quién, cómo y cuándo realiza y , sobre todo, valida estos proyectos. Es, por tanto, en este texto del Govern donde se tejerá el manto que debe de proteger a los directores de las escuelas de cualquier acción judicial ante una eventual denuncia por no cumplir la sentencia del TSJC.