En los juzgados

El abogado de Puigdemont se querella por al menos 19 ataques que ha sufrido con Pegasus

  • Denuncia la intromisión en su intimidad y cómo afecta al secreto profesional y al derecho de sus defendidos

  • Asegura haber sido espiado entre enero y mayo de 2020 mediante enlaces en Twitter y tras el arresto de Alay

Gonzalo Boye, en una imagen de marzo del 2022.

Gonzalo Boye, en una imagen de marzo del 2022. / EFE / ANDREU DALMAU

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El abogado Gonzalo Boye lleva días trabajando contrarreloj por el espionaje con Pegasus. Y no solo para denunciar el sufrido por el 'expresident' Carles Puigdemont y la veintena de personas afectadas que también representa, sino el suyo propio. Este miércoles se ha querellado por delito de descubrimiento y revelación de secretos contra las empresas israelíes NSO y Q Cyber Technologies, la luxemburguesa Osy Technologies, tres de sus responsables y cuantas personas estén involucradas en la intromisión ilegítima de su teléfono.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica qué es Pegasus y sitúa la utilización del software malicioso "en el contexto político en Catalunya". En su caso, como abogado defensor de Puigdemont y de los 'exconsellers' que huyeron con él, pero también del expresidente catalán Quim Torra, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o del exjefe de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera.

Asegura haber sido víctima entre enero y mayo del año 2020 de al menos 18 ataques mediante Pegasus, a través de mensajes SMS que contenían un enlace “malicioso”, disfrazado de notificaciones de Twitter relacionadas con supuestos tuits de organizaciones como la oenegé Human Right Watch o el diario 'The Guardian'.

Otro ataque fue el 30 de octubre de ese año, lo que "coincide con relevantes eventos a efectos profesionales del querellante, como letrado en ejercicio", porque 48 horas antes había sido arrestado Josep Lluís Alay", excoordinador de Políticas Internacionales. De ahí que al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad que tiene como cualquier ciudadano, sume el secreto profesional y el derecho de defensa de sus clientes.

Vender o ceder datos

Boye considera que se han visto afectados con la intromisión en sus datos protegidos, que se almacenaron "en los servidores de NSO Group y desde ahí son administrados y remitidos, total o parcialmente, a sus clientes que son, en definitiva, quienes hacen uso de los mismos sin que se descarte, en estos momentos, que los propios querellados pueden hacer uso de esos datos o cederlos y/o venderlos".

Considera que eso es fundamental "aún cuando su utilización se lleve a cabo en el marco de una investigación judicial -que no es el caso- por la comisión de un presunto delito -autorización que, en el caso de los hechos relatados en la querella, ni siquiera pareciera haber existido-", lo que resulta "incompatible con las disposiciones sobre medidas de investigación tecnológica establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Sostiene que ella fija que solo puede ser "ejecutada por funcionarios públicos españoles y sometida a un estricto control judicial en su desarrollo y práctica", y ello la hace incompatible con un espionaje legal del CNI.

Según la querella, veta la participación de las empresas extranjeras contra las que se dirige porque considera "forman el conglomerado que ha operado Pegasus y se han beneficiado de la comercialización de la aplicación y a través de cuyas cuentas bancarias han pasado los pagos por los servicios prestados", cuya investigación reclama.

Contexto independentista

En su escrito, de 109 páginas y cuya estructura reproducirá en próximas querellas, Boye relata "la innumerable cantidad de medidas adoptadas por diversos estamentos del Estado español, especialmente desde las altas instancias jurisdiccionales así como por parte de radicales sectores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de reprimir el derecho a la participación política" de Puigdemont y los 'exconsellers' declarados en rebeldía, así como otros líderes independentistas catalanes hasta sumar al menos 65.

El abogado destaca haber sido espiado "durante el tiempo en que ha estado llevando las defensas de otros muchos políticos catalanes, convirtiéndose en objetivo de campañas de desprestigio, infundadas acusaciones incluso penales", por lo que "existen sobrados elementos para iniciar una investigación con relación el espionaje practicado sobre su dispositivo móvil entre enero y mayo de 2020, así como también el 30 de octubre de 2020 sin que se descarte que durante todo el periodo analizado el sistema de espionaje haya estado activado, que es algo que deberá determinarse en el curso de la presente investigación".

Riesgo de manipulación

Sostiene que quien "realiza el ataque mediante este software espía no sólo tiene la posibilidad de tener acceso ilimitado a toda la información de un sistema de información, inclusive los datos más sensibles e íntimos de una persona, y de extraer de forma remota y secreta del mismo esa información y transmitirla para su análisis a un servidor en el que aquélla es alojada para ser reproducida en cuanto sea necesario", sino que también "tiene la posibilidad de vulnerar la integridad de esa información, modificándola o contaminándola a su antojo mediante la introducción, incluso, de archivos o datos que nunca estuvieron en dicho dispositivo".

Por si el juez al que le corresponda el escrito tiene dudas sobre lo denunciado, el texto añade que “Pegasus también implicó la interceptación de las llamadas entrantes y salientes, de los mensajes de texto, de la mensajería instantánea, de aplicaciones como Skype, Whatsapp, Viber o Facebook, así como también la probable grabación de escuchas telefónicas ambientales y la captura de imágenes desde la cámara del dispositivo".

El escrito destaca que "el denominador común de la gran mayoría" los espiados es que estaban "vinculadas políticamente y/o por el sector de la sociedad que representaban o pertenecían -en este caso, la minoría nacional catalana-, todo lo cual permite presumir, fundadamente, que aquellos ataques habrían sido dirigidos de manera organizada y concertada", por lo que pide que se investigue si detrás de ellos ha habido una organización criminal.

"Estimamos que estas amplias, complejas y extendidas en el tiempo operaciones de espionaje informático" estaban "instrumentadas a los fines de supervisar ilegalmente los procesos políticos catalanes".

Diligencias a practicar

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Entre las diligencias que propone figura tomar declaración como peritos a los siete expertos de Citizen Lab que firman el informe objeto de la querella y oficiar al Parlamento Europeo para que aporte los vídeos de un acto del Grupo Popular europeo celebrado el pasado 10 de febrero, así como tomar declaración a sus organizadores.

También pide una comisión rogatoria a Israel y comprobar todos los movimientos de dinero que se han podido producir entre organismos españoles y las empresas querelladas o sus responsables, cuyos viajes a España también pide que sean investigados.