Congreso de los Diputados

Una ley obligará al Gobierno a destruir la información cifrada que haya usado para resolver una amenaza

La ley de telecomunicaciones incluirá finalmente un fragmento que acota los casos en los que la administración puede acceder a información criptada y añade un nuevo punto sobre qué debe hacer con ella tras quedar zanjados esos casos: destruirla

Una ley obligará al Gobierno a destruir la información cifrada que haya usado para resolver una amenaza
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Ángel Alonso Giménez
Ángel Alonso Giménez

Periodista

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Dentro de unos meses, el Gobierno podrá usar los algoritmos o procedimientos de cifrado pertinentes para acceder a la información que considera que pone en riesgo la seguridad nacional. Cuando resuelva la situación de peligro, deberá destruirla. Ambas actuaciones, encadenadas, parece que siguen una secuencia lógica. Sin embargo, ninguna ley, hasta la fecha, la había previsto. Había un vacío regulatorio, y por tanto, un agujero por el que podía caer un sinfín de interpretaciones.

Dentro de unos meses, no existirá ese vacío gracias a la futura ley de telecomunicaciones, que está dando en el Congreso sus pasos finales, antes de emprender la tramitación del Senado. El dictamen de la norma será previsiblemente aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital la semana que viene. Acto seguido, se pronunciará el pleno del Congreso, el 28 de abril con probabilidad. En la Cámara Alta se prevé un trámite veloz, así que en junio la norma podría estar en vigor.

Durante los últimos días, la letrada de la Comisión se ha encargado de ensamblar las enmiendas aceptadas, tanto las integradas en sus términos originales como las que se han transaccionado. Son los casos de dos propuestas de Ciudadanos, finalmente pactadas con el grupo socialista. Las dos aluden precisamente a esa secuencia reseñada al comienzo de la información: una para establecer los preceptos en los que el Gobierno o cualquier otro organismo público puede conocer información cifrada, y por tanto, usarla; tales preceptos tienen que ver con amenazas a la seguridad nacional y con investigaciones de delitos. La otra enmienda negociada y acordada con el grupo socialista impone la obligatoriedad de destruir dicha información una vez se haya resuelto la amenaza o el delito.

En un momento político en el que la tensión entre la Generalitat y el Ejecutivo ha vuelto por culpa de unos presuntos casos de espionaje telefónico a dirigentes independentistas, la novedad de la ley de telecomunicaciones parece tener alguna relación, pero no es el caso. La modificación que aparecerá en el texto definitivo de la norma terminó de pulirse la semana pasada, cuando la ponencia puso punto final a un trabajo denso y alambicado. La de telecomunicaciones es una ley muy técnica y muy larga, y también de gran presencia en la rutina de los ciudadanos.

Tal y como publicó este medio, la nueva regulación (que toma como base la vigente desde hace casi diez años) impedirá que proliferen esos enjambres de cables de fibra que permiten a los usuarios, en sus casas, ver una película por internet o jugar online. Esas marañas en las fachadas que en algunos municipios afeaban ya las calles y el conjunto patrimonial de manera descarnada han enfilado su final. Además, va a dar también una segunda vida a las cabinas de teléfono.

Si bien no han sido numerosas las enmiendas incorporadas, las hay de importancia. Entre ellas, las dos que retocan el artículo 62 de la ley, sobre el cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Acceso, uso y destrucción

La redacción inicial del proyecto que llegó al Congreso en noviembre del año pasado trazaba un camino de regulación de la técnica de transformación de unos datos legibles en otros ilegibles: el cifrado. Es una de las bases de la seguridad en la red, la protección de los contenidos. Cuando el Gobierno manda el proyecto al Congreso para que se tramite y los grupos puedan hacer las modificaciones que consideren, el acceso a este tipo de información codificada por parte de un organismo público, sea el que sea, está guardado en una redacción ambigua. Tanto que parecía que el Gobierno, por ejemplo, podía hacerse con los modelos de cifrado de una empresa privada sólo con desearlo.

Fuentes parlamentarias que han intervenido en la negociación de las enmiendas explican que el propósito inicial fue "acotar los supuestos en los que la Administración General del Estado puede acceder al cifrado", y a continuación, crear un marco nítido de confidencialidad y destrucción de ese material, ya que en el proyecto, tal y como llegó al Congreso y posteriormente asumió la ponencia, había "un vacío legal en términos de custodia de información".

Así que tras una serie de negociaciones y con el visto bueno de la mayoría de la Cámara, a falta de la votación en comisión y en pleno, la ley de telecomunicaciones permitirá "la obligación" de facilitar a un órgano de la administración o de la esfera pública "los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado en casos justificados de protección de intereses esenciales de seguridad del Estado y la seguridad pública", así como para propiciar "la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos". El acceso a esta información no generará ningún coste, de manera que el órgano público que lo pida tendrá a su disposición los aparatos de cifra empleados.

La acotación a esos ámbitos de amenaza para la seguridad nacional y de investigación de delitos acaba con la laxitud de la redacción original, a juicio de las fuentes consultadas. Esa ligereza entrañaba un serio riesgo para "la privacidad de las comunicaciones de forma más general", puntualizan.

En busca del blindaje de un derecho como el de la privacidad de las comunicaciones, los grupos parlamentarios discutieron además qué hacer con ese material cifrado tras haber cesado la amenaza a la seguridad nacional o haberse emitido sentencia firme sobre el delito investigado. En línea con los contextos normativos en el ámbito de la protección de los datos personales, tanto a escala nacional como a escala europea, PSOE y Cs fueron poco a poco puliendo el texto.

Propusieron añadir al artículo 62 un tercer punto para establecer que esa información facilitada a la administración o a sus organismos públicos "deberá ser tratada con la máxima confidencialidad y destruida una vez que se resuelva la amenaza para la seguridad del Estado y la seguridad pública o se haya dictado sentencia firme sobre el delito en cuestión".

Las cabinas de teléfono

Las vetustas cabinas de teléfono, ya abandonadas y desvencijadas, incluso retiradas de la vía pública en algunas ciudades, estaban abocadas a desaparecer. La ley de telecomunicaciones, inicialmente, en una disposición adicional, definió que había llegado "el cese de la prestación del elemento de servicio universal" en cuanto a una "oferta suficiente de teléfonos públicos". El párrafo era de escritura muy enrevesada.

Las negociaciones para intentar reanimar a las cabinas no se resolvieron hasta el último suspiro. Las fuentes consultadas por este medio para una información anterior descartaron la resurrección de los aparatos. Sin embargo, en el dictamen que la Comisión de Asuntos Económicos analizará la semana que viene con la intención de aprobarlo se ha obrado el milagro y habrá nueva vida para las cabinas, o al menos la posibilidad de que la tengan. La disposición adicional se ha rebautizado con esta palabra a modo de comienzo: "reconversión".

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La disposición dice así: "Las infraestructuras de los teléfonos públicos de pago se podrán reconvertir o utilizar como puntos de conectividad para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios", que serán: 1. Puntos de conexión a internet. 2. Teléfonos de emergencias. 3. Puntos de envío y recogida de paquetería.

No conlleva obligatoriedad ni hay alusiones a de quién dependerá la resurrección de las cabinas, pero en la ley, no es poco, no aparece ya su "cese". La propuesta inicial partió, también, de Cs.

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