Espionaje con Pegasus

La legal opacidad del CNI y sus armas secretas

Sede del Centro Nacional de Inteligencia en Madrid.

Sede del Centro Nacional de Inteligencia en Madrid. / EL PERIÓDICO

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Juan José Fernández

“No lo tenemos ni lo usamos; y no me pida que niegue por otros”, dice un ejecutivo del Ministerio del Interior al ser preguntado estos días por Pegasus. A estas alturas del caso, nadie ha desmentido aún un uso del software israelí de asalto a móviles por los servicios españoles de inteligencia durante el estallido del procés, pese a que, como se encarga de recordar una de las fuentes policiales de Información preguntadas, “puede que haya pruebas del uso de Pegasus, pero no las hay de quién ha sido; y sobre el procés tenía interés España... y Francia, y Rusia, y Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, incluso Marruecos”.

En este círculo sin salida ruedan las sospechas sobre el espionaje a dirigentes independentistas, después de que Defensa, el ministerio que administra el CNI, subrayara tajantemente que “el Gobierno no trabaja fuera del Estado de Derecho”, sin decir más.

Eso no quiere decir, como apuntaban las no-respuestas de la ministra portavoz este martes tras el Consejo de Ministros, que el CNI no haya usado Pegasus. De hecho, ningún dirigente gubernamental podría confirmar ni negar que ese software -o su símil también israelí Candiru- está en la panoplia del servicio de inteligencia: es materia reservada tanto que esté como que no.

Lo dice el artículo 5 de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Son “información clasificada, con el grado de secreto” no solo las actividades del CNI, también “su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones…”.

Es el artículo al que aludía este miércoles en el Congreso el exdirector del CNI, teniente general Félix Sanz Roldán, cuando los medios le han preguntado por Pegasus y ha contestado: “En absoluto lo puedo confirmar, ni desconfirmar”. Y ha añadido que “hay una ley clara por la que el CNI no puede hablar de sus medios, ni de sus procedimientos, ni de relaciones con terceros" También hay, no obstante, un ámbito no judicial donde puede revelarlo: la comisión de Gastos Reservados del Congreso... sin constituir aún.

Información sin límite

Más allá del asalto con Pegasus a los móviles de políticos y activistas, que empieza a darse por descontado, avanzan las dudas sobre el límite de ese espionaje; o sea, si debió mirar solo aspectos estratégicos, del objeto de la investigación, y dejar al margen los de la vida privada u otras intimidades. Un exagente operativo del CNI, y antes funcionario del CESID, aclara que no, porque “una investigación del centro no es una instrucción judicial. En una misión de adquisición de inteligencia interesa toda la información; toda. Toda la información es pertinente. Ya después, en la fase de análisis, se decide cuánta y cuál información es muy relevante, relevante o poco relevante”.

No obstante, en otros precedentes de investigaciones del CNI el resultado ha sido pobre pese a la supuesta disponibilidad de medios. Emplear–o no- Pegasus no impidió que la inteligencia española no encontrara las urnas del 1-0 en 2017.

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Sin embargo, las investigaciones sobre supuestas actividades terroristas de integrantes de los CDR en 2019 han acreditado cómo el Servicio de Información de la Guardia Civil, con métodos menos llamativos, averiguaba qué hablaban sus objetivos incluso a través de la aplicación Signal, que se hizo popular entre los activistas independentistas.

La misma fuente explica que, en el seguimiento que distintos cuerpos de seguridad hacen de un fenómeno que se erige como amenaza, “mirar los móviles es muy importante… pero no menos que contar con informantes y colaboradores”.