Encuesta: El 67% de los españoles rechazan el carpetazo judicial al rey Juan Carlos

Todo se destapó a más de 7.500 kilómetros de España, cuando un tropezón nocturno sacó a la luz las aficiones secretas de Juan Carlos I. El aura de la que había gozado como Rey durante décadas se fue desmontando a pedazos hasta precipitar su abdicación. Pero, tirando de ese hilo, también se fue desenredando una madeja de negocios opacos y actuaciones poco honorables que pusieron en cuestión su ejemplaridad y desembocaron en su histórico 'exilio' a otros 7.500 kilómetros de España. Pese a que judicialmente han acabado en nada, las investigaciones en España y Suiza han acreditado una década de irregularidades del rey emérito.

Diez años después del accidente de Botsuana, el 13 de abril de 2012, las encuestas públicas sobre la Monarquía en general y sobre Juan Carlos I en particular brillan por su ausencia desde 2015. El Barómetro Político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para el grupo Prensa Ibérica refleja ahora que dos de cada tres españoles desaprueban la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar todas las investigaciones sobre el exjefe del Estado. El 66,9% rechaza un carpetazo judicial que, por el contrario, sí comparte el 23,9% de los ciudadanos. El trabajo de campo del sondeo se elaboró a partir de 1.000 entrevistas del 4 al 6 de abril.

En concreto, las presuntas comisiones por el AVE a La Meca fueron archivadas al no poderse acreditar delito alguno, por la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras era jefe del Estado y la prescripción de los posibles delitos. Estos dos últimos argumentos también justificaron el cierre de las pesquisas sobre las sociedades del rey emérito en Jersey. En cambio, sus dos regularizaciones fiscales, en las que pagó un total de 5.074.295,68 euros, sirvieron para saldar los supuestos delitos por el uso de tarjetas opacas y los pagos de viajes por parte de la Fundación Zagatka.

La discrepancia social con la fiscalía en esta cuestión admite solo dos matices en el conjunto del electorado. En primer lugar, los votantes del PP son los únicos que apoyan de forma mayoritaria (55,8%) el archivo de las causas, aunque uno de cada tres (34,9%) tampoco está de acuerdo con el desenlace judicial. El segundo matiz son los votantes de Vox, entre los que las opiniones están muy divididas: el 44% deplora la 'absolución' del rey emérito y el 42% la respalda.

En el caladero de Ciudadanos, el rechazo es mayoritario (56,2%), pero el aval a la decisión de la fiscalía llega al 32,9%. Quienes no tienen dudas son los votantes del PSOE: el 78,2% disiente del ministerio público y tan solo el 12,9% está de acuerdo. En el resto de partidos de izquierdas y en las formaciones independentistas, el rechazo al carpetazo judicial supera con creces el 90%.

Más allá de la papeleta que eligieron en las últimas elecciones generales, el punto final a las investigaciones solo agrada a los votantes que se definen de derecha (47% a favor del archivo y 41,6% en contra) o centroderecha (52,4% a favor del archivo y 40,5% en contra), mientras que reprueban claramente la decisión de la fiscalía los votantes de centro (29,3% a favor del archivo y 58% en contra), centroizquierda (11,9% a favor del archivo y 81,9% en contra) e izquierda (8,5% a favor del archivo y 86,3% en contra).

Donde el rey emérito no suscita divisiones es sobre el mapa autonómico. El rechazo al carpetazo judicial es mayoritario en todas las comunidades, aunque los porcentajes oscilan entre el 52,3% de las Castillas y el 85,2% del País Vasco, pasando por el 63,8% de Madrid y el 79,6% de Catalunya. En consonancia, el apoyo al cierre de las pesquisas bascula entre el 10,8% de los vascos y el 41,2% de los castellanos, pasando por el 13,5% de los catalanes y el 23,5% de los madrileños.

Por edades, la crítica a la fiscalía es bastante más fuerte entre los más jóvenes, con porcentajes que superan el 75% en los encuestados de 18 a 44 años. Aunque en ninguna franja de edad se comparte el archivo judicial, la discrepancia baja hasta el 58,8% entre los mayores de 60 años, sector en el que tres de cada 10 sondeados avalan el carpetazo. Por el contrario, apenas hay diferencias entre franjas sociales cuando se desglosan los resultados por dimensión de municipio, por nivel de estudios y por sexo. En todos los casos, el rechazo a la decisión de la fiscalía se sitúa por encima del 60%.

El final del vía crucis judicial no ha acelerado, de momento, el regreso a España de quien fue su rey desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014. La inviolabilidad, la prescripción de los delitos y las regularizaciones fiscales han salvado a Juan Carlos I de la imputación tres años después de que jueces y fiscales comenzasen a desentrañar sus secretos y 10 años después de que todo quedase al descubierto en Botsuana. Con el desenlace judicial, el foco vuelve a estar puesto sobre la Casa del Rey y su eterna promesa de aumentar la transparencia de una institución que lleva tres lustros encadenando seísmos.

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