Castilla y León

La ultraderecha entra por primera vez en un Gobierno por la puerta de Castilla y León

Mañueco, reelegido presidente, entrega la llave de la gestión Vox y abre un escenario hasta ahora desconocido en España

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Paloma Esteban

La coalición de PP y Vox en Castilla y León ya es oficial y abre las puertas de un Gobierno autonómico a la ultraderecha por primera vez en España. Alfonso Fernández Mañueco, reelegido este lunes presidente de la Junta, promete “cuatro años de estabilidad” en los que su nuevo ejecutivo (que tiene a Juan García-Gallardo de vicepresidente y otras tres consejerías para Vox frente a las siete populares) trabajará como “una piña”. Un escenario hasta ahora desconocido que pondrá a prueba la capacidad de gestión de los ultras después de que el PP los haya asumido como socio principal, elevando a la formación de Santiago Abascal al rango de un partido de gobierno más.

La política de pactos con Vox sigue siendo uno de los debates más incómodos en el seno del PP con la convocatoria electoral de Andalucía a la vuelta de la esquina. Mientras muchos dirigentes asumen que el de Castilla y León será el primero de muchos, el entorno de Alberto Núñez Feijóo insiste en que trabajarán por alcanzar mayorías suficientes que les permitan no depender del partido ultra. La visión de Vox es distinta. Abascal, que se desplazó ayer a Valladolid frente a la ausencia de la plana mayor popular, ocupando el espacio de único nacional, tiene claro que ese será el camino después de las próximas elecciones generales.

La formación ultra ve en Castilla y León el preludio de lo que podrá ocurrir más adelante. Y los datos, al menos por ahora, avalan esa tesis. Según la reciente encuesta elaborada por GESOP para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, la suma de PP y Vox permitiría a Feijóo a día de hoy llegar a la Moncloa. El primer gobierno conjunto se oficializa un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, donde progresistas y conservadores ya han pedido el voto para Emmanuel Macron en la segunda vuelta y evitar que la ultraderechista Marine Le Pen (socia europea de Vox) pueda llegar al Elíseo a partir del 24 de abril.

Un “cordón sanitario” que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó a relucir de nuevo, coincidiendo con el debate que terminará con Mañueco investido. El candidato socialista castellanoleonés, Luis Tudanca, no escatimó en comparaciones con la situación francesa para echar en cara al PP su pacto con Vox. Reproches que, en realidad, no han ido acompañados en estas semanas de un ofrecimiento concreto para que Mañueco pudiera gobernar sin necesitar al partido ultra más allá de la exigencia que Sánchez lanzó al PP dos días después de las elecciones, para que el PP rompiera todos sus acuerdos con Abascal antes de sentarse a hablar. “En ese caso, a lo mejor nos podemos entender”, dijo el presidente en el Congreso. Nunca hubo más conversaciones al respecto.

En el PP vierten fuertes críticas contra Moncloa e insisten en recordar los pactos de Sánchez para poder seguir en el Gobierno, pasando por los independentistas catalanes o EH Bildu. Este lunes fuentes de la cúpula popular repetían la misma idea a este diario: “Piden cordón sanitario, pero el PSOE jamás prestaría sus votos para que el PP gobernara sin Vox”.

EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Consciente de la desconfianza que genera su pacto con la ultraderecha, Mañueco arrancó su intervención en las Cortes pidiendo que la acción de su Gobierno “se valore sin ataques preconcebidos y con justicia”. Al mismo tiempo, reconocía que el suyo y Vox “son dos partidos distintos” con “intereses legítimos”, y añadía que “trabajarán sin complejos” por el futuro de Castilla y León. En la exposición de su programa de gobierno recordó los 11 ejes pactados con su socio y trató de hacer un equilibrio que en muchos casos fue demasiado difícil.

Asumió en primera persona las grandes exigencias programáticas e ideológicas de García-Gallardo, reiterando que aprobarán una nueva Ley de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar, cuya tramitación se iniciará antes del 31 de julio de este año, y que antes de que termine junio también comenzarán a tramitar una normativa en materia de concordia “como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles”. 

Y justo después reiteró “su compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género”, afirmando que su Gobierno mantendrá la ley que ya existe contra esa lacra, y manifestando que “no dará un paso atrás en los derechos reconocidos”. Se trata de otro asunto que preocupa a muchos dirigentes populares, que entienden que no valen medias tintas al respecto a pesar de que se firmen acuerdos con Vox.

Como plato fuerte con seña de identidad popular, Mañueco anunció un plan fiscal que incluye la rebaja del tramo autonómico del IRPF, nuevas deducciones para residentes en zonas de riesgo de despoblación y una rebaja del 95% en las tasas generales de pesca y caza, entre otras.

FALLO DE CÁLCULO, MALA NEGOCIACIÓN

El primer gobierno de PP y Vox es la consecuencia de un adelanto electoral que los conservadores habían planificado de forma muy distinta. Cuando en vísperas de la Navidad tanto la dirección nacional de entonces, con Pablo Casado y Teodoro García Egea, como Mañueco y su núcleo duro se decidieron por el adelanto electoral, las perspectivas eran mucho más optimistas. Las encuestas internas apuntaban a una victoria clara de Mañueco y la posibilidad de sumar más que las izquierdas juntas, igual que sucedió en Madrid.

La operación era la misma: forzar una abstención de Vox que permitiera al PP gobernar en solitario. Mañueco consideraba insostenible la convivencia con Ciudadanos hasta el final de la legislatura y Génova sólo quería cosechar victorias autonómicas que rebajaran el éxito de Ayuso y que permitieran avanzar a Casado en gobiernos regionales sin la presencia de Vox.

Todo salió al revés. Según pasaron las semanas, los apoyos del PP se fueron estancando mientras la formación de Santiago Abascal se mantenía en auge. La crisis interna con Isabel Díaz Ayuso por culpa del congreso del PP de Madrid (que Casado se negaba a convocar y que Feijóo ya ha resuelto en dos semanas de presidencia) empeoraba las sensaciones para los populares. El fiasco de la reforma laboral terminó de hacer el trabajo. Mañueco llegó a la noche electoral debilitado y, aunque ganó los comicios, apenas sumó dos escaños con respecto a 2019. Sin Vox no gobernaría.

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El estallido de la guerra civil en el PP (que terminó con la caída de Casado) se produjo en plena negociación con Vox. En el entorno de Mañueco reconocían que su poder negociador perdía enteros cada día, mientras que los de Abascal se veían cada vez más fuertes. La exigencia de Vox de unir un acuerdo para la Mesa de las Cortes y el Gobierno les proporcionó un golpe maestro: los ultra presidían por primera vez un Parlamento autonómico (además de otro puesto más en el órgano de gobierno de la institución) y se aseguraban la vicepresidencia y otras tres consejerías. “Nuestra estrategia falló. Ellos han ganado en la negociación”, reconocían distintas fuentes populares.

A eso se sumaban exigencias programáticas, como la nueva ley de violencia intrafamiliar (la fórmula que Vox utiliza para diluir el concepto de violencia de género), la normativa sobre la concordia (que pretende enmendar un decreto de memoria histórica) y otros asuntos como promover “la inmigración ordenada” que ni siquiera Mañueco pudo explicar en la presentación del acuerdo.