Con el apoyo fiscal

El Supremo investigará los contratos del diputado del PP Alberto Casero como alcalde de Trujillo

  • La fiscalía considera los hechos malversación y prevaricación administrativa continuada

Alberto Casero en el Congres de los Diputados.

Alberto Casero en el Congres de los Diputados. / David Castro

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo investigará al diputado del PP Alberto Casero por los acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, práctica denunciada por la fiscalía y que dio lugar a que un juzgado de la localidad elevara una exposición razonada al alto tribunal.

El auto con el que el Supremo asume la competencia, dada la condición de aforado de Casero, y designa instructor al magistrado Andrés Palomo señala que su conducta podría ser constitutiva de delito, en una valoración muy provisional, ya que acaba de abrir la causa en su contra. La fiscalía del alto tribunal, en cambio, considera los hechos constitutivos de los delitos de malversación y prevaricación administrativa continuada.

Psicólogo

El auto recoge una síntesis de la exposición razonada elevada por el juzgado de Trujillo que abrió diligencias previas por los contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, como alcalde de la localidad extremeña, en 2017 y 2018. Firmó uno con un psicólogo para las víctimas machistas de la localidad sin que ni siquiera lo supiera la comisión municipal correspondiente y otro con la Cámara de Comercio de Perú, sin decírselo a los servicios económicos y jurídicos municipales.

Los otros dos son por un contrato de patrocinio con una asociación cultural y con una empresa de comunicación para organizar un evento y para promocionar la Feria del Queso, cuya organización corresponde a un consorcio del que forma parte el propio Consistorio.

En la exposición razonada aparecen indicios sólidos, a través de documentos y testimonios, de que esos actos de contratación se realizaron por el que fue uno de los más estrechos colaboradores del exsecretario general del PP Teodoro García Egea, como su encargado de organización, sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, lo que ha supuesto la condena del Ayuntamiento por no abonarlas.

Sin expedientes

Según la exposición razonada, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para las víctimas de violencia de género ocultándoselo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y en septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

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También en 2017, el aforado acordó verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. La juez de Trujillo agregaba que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería haber sido licitado en procedimiento abierto.