Anticorrupción apunta a tráfico de influencias y falsedad en el contrato del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción no aprecia indicios de malversación ni de fraude a la Hacienda europea ni de cohecho en el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero en el decreto con el que la fiscal general, Dolores Delgado, ratifica la competencia para investigarlo del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí se apunta a tráfico de influencias y falsedad.

La decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, ha contado con el respaldo unánime de los 32 fiscales que con ella forman la Junta de Fiscales de Sala. En el decreto explica que los bienes jurídicos protegidos por ambas fiscalías están diferenciados y la investigación de Anticorrupción "no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho asumidos por la Fiscalía Europea" cuando abrió la suya propia el pasado día 16. Ello implica que las dos investigaciones continuarán de forma paralela.

El ministerio público español desoye así la sugerencia dada a conocer esta misma mañana por la Fiscalía europea para que Delgado considerara la opción de elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el conflicto de competencias surgido con Anticorrupción. El decreto afirma en caso de conflicto resolverá la cúpula del órgano nacional.

Intereses nacionales

Las diligencias fiscales abiertas por Anticorrupción aún son incipientes, lo que significa, que aunque ya apunten a ciertos delitos para declarar su competencia, estos pueden variar o ser descartados. El decreto señala que "lo que se dirime en la investigación de la Fiscalía española es el correcto desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la ley y al derecho".

"Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por consiguiente, debe ser la Fiscalía nacional la que determine la suficiencia indiciaria para la eventual incoación de un procedimiento penal", asevera.

En este punto incidió el propio Luzón al término de la reunión. "No es una disputa entre fiscalías, pero ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas, estrictamente nacionales, que no atañen ni perjudican a los intereses económicos de la UE, sino que lo hacen a los nacionales", manifestó para añadir que continuará colaborando con el organismo europeo "como hasta la fecha".

Penal y preprocesal

También explicó que la investigación que él realiza en Anticorrupción es preprocesal -es decir, todavía se desconoce si encontrará indicios suficientes para llevarla ante un juez-, mientas que la abierta por Sabadell ya tiene carácter penal, porque los fiscales europeos sí instruyen- con el fin de determinar si existe malversación de fondos europeos, un delito en principio descartado por el ministerio público español, porque las mascarillas sí fueron entregadas.

Con la fiscalía europea el magistrado competente, que actúa solo como juez de garantías, pertenece a la Audiencia Nacional, y no significa la judicialización de las diligencias, que implicaría el cierre de las fiscales, precisa el decreto.

Anticorrupción abrió diligencias el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano había cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial.

Unos días más tarde, la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico, cifra muy similar a la que difundió el todavía presidente del PP, Pablo Casado.