La fiscalía sopesa rechazar que la Generalitat acuse en una causa contra CDC

La fiscalía sopesa requerir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que rechace la petición de la Generalitat de ejercer, por orden del 'president' Pere Aragonès, la acusación particular en el ‘caso Triacom’ de presunta financiación ilegal de CDC, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El togado ha emplazado a las partes para que se pronuncien al respecto antes de tomar una decisión. El administrador de la productora audiovisual Triacom, Oriol Carbó, imputado en el proceso, se opone a que el Govern se persone, pues, a su entender, “se aprecia que el interés es o puede ser espurio”, así como un “eventual uso bastardo del contenido de este asunto”.

El mandatario catalán expone en el escrito remitido a su gabinete jurídico e incorporado a la causa que, en el supuesto de que se acredite que se han cometido delitos como malversación o tráfico de influencias, resultarían perjudicadas la Administración autonómica y la Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), de quien depende TV3. En este sentido, las fuentes jurídicas consultadas pusieron de relieve que, aunque la televisión catalana no figura como investigada, se están rastreando los fondos que pagó a Triacom, que produjo el programa 'El Gran Dictat', entre otros. En total 31,3 millones entre 2008 y 2016. Además, se están investigando el desembolso de Triacom a empresas de antiguos dirigentes de CDC y la presunta implicación en la trama de grandes compañías.

"La politización de la justicia"

El abogado Manuel González Peeters, defensor de Oriol Carbó, argumenta su rechazo en que la Generalitat debería ser requerida para que “acreditara” la razón de su pretensión y porque considera que es “ofendida o perjudicada”. El letrado considera que es “un sinsentido” que la Generalitat aparezca a estas alturas de la instrucción “por arte de birlibirloque”, que, subraya, “se afana a denunciar la pretendida e inexistente” injerencia “de la justicia en la política”, pero “se olvida, en función de lo que le conviene, de “la politización de la justicia”. A su entender, es lo que “que probablemente enfile” por “el baile de designación de cargos” entre una y otra formación política “a la gresca”, en referencia a ERC y Junts.

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