En cuestiones previas
El Supremo suspende el juicio contra Eulàlia Reguant por un error de procedimiento
La Sala ordena que el ministerio fiscal vuelva a acusarla y que inste de nuevo la apertura de juicio oral porque es aforada
La defensa de la diputada de la CUP ve extemporánea la última petición fiscal de cuatro meses de prisión por desobediencia
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El Tribunal Supremo ha suspendido el juicio que iba a celebrar contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia, al negarse a contestar a la acusación que ejercía Vox en la vista oral que se siguió contra los líderes del 'procés', y ha ordenado que las actuaciones retrocedan hasta el momento en que el fiscal debe presentar su escrito de acusación e inste la apertura de juicio oral, para que lo haga el Supremo, que es a quien corresponde por su condición de aforada.
La Sala, presidida por Miguel Colmenero, admitió una de las cuestiones previas planteadas por la defensa de Reguant, que ejerce el abogado Daniel Amelang, y que apoyó el fiscal Carmelo Quintana. De ahí que calificara de "error" que la tramitación del procedimiento contra ella siguiera en un juzgado madrileño después de que fuera elegida diputada del Parlament.
Poco antes de comenzar la vista oral el también diputado de la CUP Xavi Pellicer anunció que el ministerio público había rebajado su petición de pena de seis a cuatro meses de prisión, en un escrito presentado por la Fiscalía del Supremo, mientras que el anterior lo rubricaba la madrileña, circunstancia que la defensa esgrimió para pedir la nulidad de actuaciones.
Doble castigo
El abogado calificó de "extemporánea" la modificación del ministerio público y criticó que el nuevo escrito incluyera cambios sustanciales en el relato de hechos que se atribuye a Reguant, como que el presidente del tribunal del juicio del 'procés', Manuel Marchena, le advirtió de las consecuencias penales que su negativa a contestar a Vox podía suponerle.
El fiscal admitió que "se habían producido unos límites irrebasables", porque debió ser el Supremo quien abriera juicio oral contra Reguant, pero pidió al tribunal que rechazara el resto de alegaciones de la defensa, como que Reguant ya fue multada por el propio Supremo con una sanción prevista para cuando no se está ante un delito, lo que es incompatible con juzgarla ahora y suponer castigar dos veces los mismos hechos.
La fiscalía se preguntó en qué modo se habían podido vulnerar los derechos ideológicos de Reguant y recordó que la conducta de la acusada fue "una negativa radical" a contestar ninguna pregunta que le hicera la acusación, no las que pudieran ser impertinentes, por lo que cometió desobediencia. Para negar cualquier vulneración de derechos, recurrió a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el expresidente catalán Quim Torra por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios dependientes de la Generalitat.
Reguant, que acudió al Supremo arropada por diputados de la CUP, ERC, Bildu y Junts per Catalunya, destacó la importancia de luchar contra el fascismo y la extrema derecha, práctica que calificó de "urgente y necesaria". Anunció que eso es lo habría hecho en el juicio de haberse celebrado y que seguirá haciendo en los barrios.
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