Más larga y compleja

Fiscalía y abogados, contra la desmembración de la causa del Mar Menor

El fiscal jefe Díaz Manzanera avisa de que todavía la Audiencia puede dividir la primera parte de la causa más allá de las 39

Fiscalía y abogados, contra la desmembración de la causa del Mar Menor
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Alberto Sánchez | @asanchez777

"Puede volverse más compleja" aunque la instrucción está tan avanzada que "no se alargará mucho". El fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, considera que la fragmentación de la segunda pieza del caso Topillo puede dar un grado más de complejidad al procedimiento de instrucción, al encargarse ahora de la mayoría de las causas los juzgados de San Javier y Cartagena, pero por la parte del Ministerio Fiscal no van a tener problema en seguir el caso: "Es lo que se ha resuelto y hay que seguir adelante. Habrá que ver cómo se resuelve la instrucción ahora".

Pese a que la investigación de vertidos al Mar Menor pase a manos de los juzgados de tres municipios, el fiscal considera que la investigación está avanzada, "a falta de algunas diligencias y alguna declaración". Díaz Manzanera explica que el Ministerio Fiscal ha hecho hasta "ahora un trabajo global y ahora toca ver las causas por separado", indica, "no sabemos si lo llevará el fiscal jefe de Medio Ambiente o si pasará a manos de los fiscales de Cartagena" especializados en la misma materia. «Intentaremos que este trámite se despache lo antes posible».

Sobre la fragmentación, considera que todavía la Audiencia Provincial puede fragmentar la primera pieza del caso Topillo cuando la causa llegue hasta sus manos, "una cuestión que tendrá que resolver cuando toque".

Acusación y defensa cuestionan la división

Las defensas de los investigados y las acusaciones particulares no parecen estar muy divididas a la hora de opinar qué consecuencias tiene para la causa que esta acabe dividida en 39 procedimientos que estudiarán los juzgados de Murcia, Cartagena y San Javier, aunque la mayoría de las causas la llevarán los dos últimos. La Audiencia considera que no hay conexión entre sí en los casos de agricultores o empresas que pudieron contaminar el Mar Menor con su actividad, y esa decisión la tomó tras el recurso presentado por una de las defensas de los acusados, a la que finalmente se le dio la razón.

Más allá de esto, las consultas hechas por este periódico entre las defensas que llevan el caso de varios investigados señalan que la causa puede volverse ahora «más compleja» al dividirse en varios juzgados, ya que la unidad de la misma en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia podía hacer más ágil el proceso. Ahora queda patente que los mismos letrados que representan a varios agricultores señalados en esta segunda pieza deberán estar pendientes de varios jueces instructores que tendrán que ponerse sobre el caso.

"El criterio de cada juez puede ser distinto", apunta uno de los abogados, un punto en el que también incide Ecologistas en Acción, que ven en la separación de la causa una forma de alargar el proceso, que se volvería más complejo. "El juez Ángel Garrote es quien ha llevado la instrucción hasta ahora y quien conocía todos los detalles de las diligencias y pruebas aportadas, se pierde un poco todo eso".

Una oportunidad

Frente a esto, la organización, que junto a ANSE y Greenpeace forman la acusación particular del caso Topillo, señala que la división también puede ser una «oportunidad» para que, ante una diferencia de criterio, no todos los casos acaben archivados o sin condena: "Al final puede que las distintas sentencias sean condenatorias para algunos de las empresas agrícolas que han contaminado". Si se mantuviera la unidad en el juzgado de instrucción, la causa se convierte en "un todo o nada".

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Otra de las defensas plantea que este era un paso irremediable, ya que el nexo de unión que impedía la división de la primera causa es que en ella se investigaba a las figuras políticas implicadas. De estas, finalmente tres son las que podrían sentarse en el banquillo: el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad entre 1999 y 2015, Antonio Cerdá, la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura entre 2010 y 2012, Rosario Quesada, y el ex comisario de Aguas de ese organismo, Manuel Aldeguer. La Fiscalía solo pide cárcel para el responsable de la Comunidad y el comisario de la CHS.

Podemos, por su parte, ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con la decisión del magistrado, que sólo servirá para "diluir responsabilidades y desvanecer cualquier tipo de consecuencia legal sobre los culpables".