Los seis discrepantes harán voto particular

El CGPJ aprueba dividido su informe definitivo sobre la ley de Vivienda, que avisa de vulneración de competencias

El dictamen que exige cambios en el proyecto del Gobierno para intervenir en el mercado del alquiler obtiene de nuevo 15 apoyos

El CGPJ aprueba dividido su informe definitivo sobre la ley de Vivienda, que avisa de vulneración de competencias
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Cristina Gallardo

No ha habido sorpresas. Según lo esperado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado con el apoyo de una mayoría de 15 de sus 21 locales el dictamen sobre la Ley de Vivienda del Gobierno que advierte de que los planes del Gobierno de coalición vulneran el reparto constitucional de competencias en esta materia. Los seis vocales discrepantes, que fueron los mismos que se mostraban favorables a un informe más complaciente con el Anteproyecto, presentarán voto particular según fuentes consultadas por El Periódico de España.

En términos muy duros, el texto llega a afirmar que los planes del Ejecutivo, que incluyen cierta intervención en el mercado del alquiler en las denominadas 'zonas tensionadas', pueden causar inseguridad jurídica al 'expropiar' competencias de las comunidades autónomas

Sobre la contención de precios, critica su alcance limitado y lo "farragoso" de las normas propuestas, añadiendo que, "nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuada". Y es más, el texto afirma que "la carga patrimonial" que conllevan dos de las disposiciones finales del Anteproyecto --la Primera y la Quinta- no se afronta por las Administraciones Públicas sino por los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales".

Respuesta al Gobierno

El dictamen no es vinculante para el Gobierno, como bien se han preocupado de subrayar varios miembros del Ejecutivo y el propio presidente, Pedro Sánchez, desde que se conoció que la visión del órgano de gobierno de los jueces no iba a ser complaciente con Anteproyecto. No obstante, la postura del Poder Judicial ha provocado por el momento un retraso en el calendario previsto para llevar este asunto a su trámite parlamentario, además de dar razones a las críticas de la oposición.

De hecho, parte del informe que ha salido adelante en el Pleno de este jueves parece dar respuesta a las manifestaciones del Gobierno al recordar que su función consultiva "no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación (...) ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente".

El texto, de 59 páginas incide en que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí". Como ejemplo de esta superposición de competencias, el texto cita la creación de un nuevo Registro de contratos de alquileres.

El borrador sometido hoy a debate ha sido elaborado por los consejeros Enrique Lucas y José Antonio Ballestero -designados a propuesta del PNV y el PP- después de que el pasado 14 de enero la misma mayoría tumbara una primera versión realizada por el también vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que validaba el proyecto en términos generales.

Cuesta y el resto de vocales que han firmado en contra del dictamen, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda --todos ellos pertenecientes al sector progresista del CGPJ-- elaborarán un voto particular. Fuentes del órgano señalan a este diario que el debate ha transcurrido con un todo técnico, quizá algo más 'bronco" por parte del sector discrepante, y que también puede que se presente algún voto concurrente referido a cuestiones técnicas, sin discutir la visión general del dictamen. 

Titularidad autonómica

Para los ponentes, la vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1. tercero de la Constitución y los estatutos de autonomía. Por ello, entienden que el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias autonómica y los planes del Gobierno no deberían pasar de "una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, 'la ley de vivienda' o 'del derecho a la vivienda'".

La garantía de la igualdad no autoriza tampoco, según el CGPJ, la innecesaria superposición sobre la actual legislación autonómica de otra estatal que en gran medida "viene a duplicarla o sustituirla ni a cubrir supuestas lagunas de la legislación autonómica" tal y como sostiene la exposición de motivos del Anteproyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En todo caso, el informe advierte de que, pese a los planes del Gobierno con esta ley, las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado, que son dos de las cuestiones básicas contenidas den el Anteproyecto, condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal.

No se justifica necesidad

A ello se añade la falta una justificación de la necesidad de las medidas. Por ello, los vocales añaden que medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro- "han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos". 

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Dicen también que tampoco incorpora el anteproyecto cláusulas de salvaguardacomo sería establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, si bien de estas críticas se salva el intento del Gobierno de intervenir en el caso de los denominados 'grandes tenedores'. Sobre este punto, el análisis del CGPJ reconoce que "la oportunidad de la norma, sobre la que hay fundadas posiciones discrepantes, solo podrá valorarse una vez puesta en práctica".

No obstante lo anterior, el texto afirma vinculación de la prórroga del alquiler con la ubicación del inmueble en un mercado residencial tensionado "es nociva e innecesaria". Los vocales añaden que "quizás bastara con generalizar un límite porcentual a las nuevas rentas sin vinculación a ninguna de las complejas circunstancias que la norma refiere limitándolo, tan solo, a las zonas con mercado residencial tensionado y acomodar la nueva prórroga a la ya dispuesta previamente en el artículo 10" de la actual ley.