Justicia

Llop aparca las grandes reformas para centrarse en la agenda 2030

El plan normativo anunciado por Bolaños confirma que Justicia no liderará proyectos legislativos de calado lo que queda de legislatura, tras quedar aparcadas de forma definitiva la reforma de la LECrim y del Código Penal

Llop aparca las grandes reformas para centrarse en la agenda 2030
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Cristina Gallardo

El Ministerio de Justicia no liderará reformas de calado en lo que queda de legislatura, una realidad que venía confirmándose en las comparecencias públicas y parlamentarias de la ministra Pilar Llop desde que tomara posesión el pasado mes de julio en sustitución de Juan Carlos Campo. El anuncio definitivo ha corrido esta semana a cargo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños con la presentación el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, del Plan Normativo del Gobierno.

El compendio de normas que el Ejecutivo de Sánchez pretende impulsar supone la renuncia definitiva a las principales propuestas legislativas de Campo, destituido en la crisis de Gobierno del pasado verano unas semanas después de la polémica concesión de los indultos a los presos por la causa del 'procés' independentista en Cataluña. 

Quedan en el cajón un nuevo intento -el tercero en los últimos años - de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la reforma de Código Penal dirigida, entre otros aspectos, a rebajar la pena por el delito de sedición. 

Desde Justicia señalan a El Periódico de España que se sigue trabajando internamente en ambos proyectos, pero es un hecho que Bolaños descartó expresamente la reforma penal y no mencionó la LECRIM en el listado de 368 normas que tiene previsto aprobar el Gobierno este año. Los ejes estratégicos que el Ejecutivo pasan por la recuperación económica y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, según expuso el titular de Presidencia.

De este modo el departamento de Llop se centrará, previsiblemente, en las tres leyes de Eficiencia -procesal, organizativa y digital- impulsadas por el equipo anterior pero cuya tramitación e implantación corresponderá a la actual ministra. Para Justicia suponen leyes "revolucionarias" que van a transformar por completo la forma de trabajar en la Administración de Justicia, pero no puede obviarse que su trascendencia y peso político es menor que los de las normas apartadas.

"Armonizar" con Europa

La reforma de la sedición proyectada por Campo se justificaba en la necesidad, parece que a día de hoy ya no apremiante, de "armonizar" el delito de sedición conforme a conductas penadas en Europa con no más de cinco años de prisión.

Los cambios, según los estudios realizados por Justicia, se basaban en que sedición -penada en España con entre 8 y 10 años de cárcel, hasta 15 si se trata de autoridades- es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como "alta traición" en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

En el momento de realizarse dichos análisis el asunto urgía, al menos en el debate político, porque los indultos a los condenados por el 'procés' aún no habían sido planteados, y esta reforma se veía por algunos como una salida a la situación creada tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. 

Por ello, Justicia llegó a valorar la aplicación de las medidas que se imponen en otros códigos respecto a conductas similares como los de resistencia grave, para los que señalan penas de prisión que van desde los 8 años (únicamente en Portugal) hasta condenas que no superan los 5 de cárcel en la mayoría de los Estados, llegando a los 6 meses en sus límites más bajos, según informó en su día Europa Press.

Ni Corona ni Lecrim

Otra reforma que parece aparcada por el momento, aunque residenciada en Presidencia más que en Justicia, era la supresión de la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución, que fue anunciada por el propio Pedro Sánchez en julio de 2020. Se habló también entonces de otros cambios en cuanto a "transparencia y ejemplaridad" de la institución, si bien a pricipios del pasado mes de diciembre la propia portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, templaba estos planes al señalar que no se habia producido ningún avance en dicho plan normativo.

Por lo que respecta a la LECrim impulsada por Campo, la reforma parece haber sido metida en un cajón pese a que el Anteproyecto presentado está, de forma oficial, pendiente de informe por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras obtener el dictamen del Consejo Fiscal

De hecho, el pasado mes de octubre Llop anunció la creación de Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.

El Anteproyecto inicial cuenta además con un informe muy negativo por parte de la Fiscalía, del que forman parte los funcionarios a los que más directamente se dirige la reforma porque serían los que asuman la instrucción penal dejando a los jueces el papel de garantes de los derechos fundamentales de los investigados. El papel dado a los jueces por el texto de Campo resulta excesivo para los fiscales, y la propia fiscal general, Dolores Delgado, señaló al presentar su dictamen que se le mantiene como un "tutor de la investigación" con funciones "exorbitantes".

Leyes de eficiencia

En cuanto a las leyes de eficiencia, el Anteproyecto de la de impulso digital fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de octubre. La norma completa los textos ya presentados de reforma de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa diseñados por el anterior responsable de este departamento, Juan Carlos Campo, dentro del objetivo Justicia 2030 y busca la transformación digital con posibilidades como la de permitir la consulta electrónica de trámites judiciales consultar realización de numerosas actuaciones por vía telemática.

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Aborda igualmente una regulación que facilite el trabajo deslocalizado de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), y también de médicos forenses y funcionarios. La norma contempla además la incorporación nuevos servicios notariales como el protocolo electrónico, pues incluye la transposición de la directiva comunitaria de constitución telemática de empresas ante notario; el protocolo y los servicios de videoconferencia ante estos fedatarios públicos.

En cuanto a la de Eficiencia Organizativa crea los tribunales de instancia, que sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema colegiado. La propuesta inicial fija un total de 431, tantos como partidos judiciales, respetando de esta forma la actual distribución territorial de la justicia en España. El Anteproyecto regula igualmente la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios.