Oposición de PNV, Bildu y ERC

El Gobierno encara una dura negociación sobre la reforma laboral con escaso margen de maniobra

  • El Ejecutivo espera disipar con cambios menores las dudas que despierta el pacto alcanzado con patronal y sindicatos

  • Cree que las posiciones que expresan ahora los socios son de partida y avisa de que la alternativa es regresar a la normativa de 2012

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los presidentes de Cepyme, Gerardo Cuerva; CEOE, Antonio Garamendi, y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el pasado 16 de diciembre de 2021 en un desayuno informativo en Madrid.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los presidentes de Cepyme, Gerardo Cuerva; CEOE, Antonio Garamendi, y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el pasado 16 de diciembre de 2021 en un desayuno informativo en Madrid. / EUROPA PRESS / GUSTAVO VALIENTE

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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El Gobierno apenas ha podido saborear el éxito de su acuerdo sobre la reforma laboral sellado con patronal y sindicatos la víspera de Nochebuena. Enseguida sus socios de legislatura advirtieron de que su apoyo no estaba garantizado. El PP anticipó que no apoyará el real decreto ley. Los números, por tanto, no saldrían al bipartito de PSOE y Unidas Podemos. Mejor dicho: no saldrían hoy. Porque el Ejecutivo espera que en el plazo de un mes, cuando el pleno del Congreso tenga que votar la convalidación de la medida, las posiciones de partida de los grupos hayan evolucionado, y den su respaldo a cambio, si acaso, de cambios menores que no desvirtúen lo pactado con empresarios y trabajadores. El Gobierno traslada mientras el mensaje que la alternativa es regresar a la reforma del mercado de trabajo vigente, la que aprobó el PP sin consenso en 2012, y que esta es una materia medular de la legislatura, que es mucho lo que se juega.

Este martes, 28 de diciembre, el Consejo de Ministros —el último de este año, en principio— aprobará el real decreto ley de reforma laboral, a tiempo para que entre en vigor antes del 31 de diciembre, como se comprometió con Bruselas. Se trata, como defienden en el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha llevado el peso del diálogo con patronal y sindicatos en estos nueve meses de conversaciones, de "un cambio de paradigma, una reforma histórica que por primera vez recupera derechos de los trabajadores" y busca atajar la temporalidad, uno de los males endémicos del mercado de trabajo en España, que según la última Encuesta de Población Activa alcanzó el 26,02% en el tercer trimestre de 2021.

A partir de la publicación en el BOE, el Ejecutivo dispondrá de 30 días hábiles para negociar con los grupos parlamentarios. No lo tendrá fácil, porque el equilibrio conseguido con los agentes sociales camina sobre una delgada y frágil línea. "Lo pactado no se toca [...]. El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo, será otra cosa", avisaba este lunes en RNE el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Es decir, que la patronal, que ya ha sufrido desgarro interno por dar su visto bueno mayoritario al decreto ley —se abstuvieron Foment del Treball, CEIM, Anfac y Asaja—, amenaza con romper el acuerdo si hay cambios en el Congreso.

PNV y Bildu ponen el acento en la prevalencia de los convenios autonómicos, y ERC coincide con los soberanistas vascos en que se queda corta

Los socios del Ejecutivo, sin embargo, quieren eso. Modificaciones. El PNV solo encuentra "un escollo" para brindar su apoyo a un acuerdo que "valora y respeta", pero es un obstáculo "grande": desea que el texto recoja la prevalencia de los convenios autonómicos, para salvaguardar el marco vasco de relaciones laborales. Bildu comparte esta reclamación pero es mucho más dura: se siente "tremendamente decepcionada", en palabras de Arnaldo Otegi. Habla de un "mal acuerdo" y avisa de que "en ningún caso" apoyará la reforma tal y como está redactada. ERC converge con los soberanistas vascos: halla "carencias muy importantes" que hacen que su voto favorable "a día de hoy no esté garantizado". "Hay margen de mejora en salarios de tramitación, indemnización [por despido], papel de la Administración en despidos de empresas que hayan recibido ayudas y prevalencia de los convenios colectivos autonómicos", precisan a este diario fuentes republicanas.

"Muy a la ofensiva"

Socialistas y morados coinciden en defender el consenso alcanzado. El portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, pidió este lunes a los socios del Ejecutivo y al resto de grupos que respeten "lo máximo posible" la reforma pactada con los agentes sociales, porque es fruto de nueve meses de trabajo intenso. Que les "escuchen", les dijo a los partidos, y "en la medida de lo posible se pueda mantener lo que han firmado". Sicilia expresaba la tesis que ya manifestaba el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez, a este periódico en una entrevista publicada el pasado viernes. Unidas Podemos, avanzó Pablo Echenique en TVE, emprende ya una ronda de contactos con los socios para que apoyen el decreto ley.

La patronal advierte de que se levantará del acuerdo si hay cambios en la Cámara baja: "Lo pactado no se toca", dice Garamendi

En el entorno de Yolanda Díaz sostienen, de hecho, que irán "muy a la ofensiva", explicando a los grupos las bondades del texto. Es más, subrayan que en estos meses han mantenido al corriente a los socios del contenido de las negociaciones, de sus límites. "Estamos convencidos de que les convenceremos", apuntan. Los morados recuerdan que aspectos como el coste del despido no ha sido materia de debate con los agentes sociales porque quedó fuera del programa de coalición con el PSOE [aquí en PDF]. Lo mismo ocurre con los convenios autonómicos: no se toca, insisten, la redacción "confusa" del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Garamendi advirtió de que no admitiría la prevalencia de los convenios autonómicos, porque rompería "la unidad de mercado".

La propia Díaz, al igual que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, se mostraba este lunes optimista acerca del devenir parlamentario de la reforma. Ella misma ponía en valor el consenso, el primero de largo alcance pactado con todos los agentes sociales desde 1980, y lanzaba el aviso de que tumbarla sería regresar a 2012, al decreto unilateral del PP. "Es muy difícil decirle que no a esta norma. Llevamos desde el 17 de marzo trabajando con los agentes sociales y llevamos muchos encuentros con las fuerzas políticas. Ahora se abre el debate final y tenemos que dejar que las fuerzas políticas hagan su trabajo. No convalidar sería que sigue primando el convenio de empresa o que se queden sin ultraactividad, como reclamaban los trabajadores de Cádiz", sostuvo en 'La brújula', de Onda Cero, este lunes por la noche. El trámite crucial es el de la convalidación: el Congreso da o no su refrendo al decreto, y luego puede aceptar tramitarlo como un proyecto de ley, lo que permitiría introducir enmiendas en las dos Cámaras.

“Sería muy difícil decir que no a esta reforma laboral”, subraya Yolanda Díaz. En su equipo reconocen que antes hubo oposición inicial a otras medidas, y al final acabaron saliendo

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Otro actor en juego (teórico) es Ciudadanos. Los naranjas creen que Unidas Podemos ha asumido algunos de los planteamientos que ellos mismos firmaron con el PSOE en 2016, que entonces los morados rechazaban, según afirmaba su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal. Los liberales celebran el acuerdo con los agentes sociales, reconocen que hay propuestas que les gustan (como la reducción del número de contratos, la penalización de los empresarios que abusen de la temporalidad o la consolidación de los ertes), pero discrepan de otros puntos como el retorno a la ultraactividad o el reequilibrio a favor de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Por ahora, PSOE y UP no fijan su atención en Cs, porque "aunque diera sus votos gratis", retraería al resto de grupos. Y los nueve votos de Inés Arrimadas, por sí solos, no bastan, añaden.

En la cúpula del PSOE y en Trabajo recalcan que los socios de legislatura expresan ahora “posiciones de partida”, de máximos, pero que luego se diluirán cuando la negociación pase a ser discreta. Ocurrió con la ley riders, señalan los morados: había mucha oposición parlamentaria y al final se aprobó en un mes y sin enmiendas. Ahora sería inexplicable, esgrimen, no validar un acuerdo inédito con patronal y sindicatos. Todo depende, convienen, de la "voluntad política" y de las negociaciones entrecruzadas, como ocurrió con ERC y la ley audiovisual, que a su vez desbloqueó la de Presupuestos. Por delante, un mes. Una eternidad en política. Lo dicen en la Moncloa: “Ese no es el problema de hoy”.

Otra convalidación difícil: el decreto de mascarillas

El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves el real decreto ley que volvía a imponer la mascarilla en el exterior. Otro texto que suscita dudas, cuando no rechazo, entre los grupos. El Ejecutivo tampoco tiene garantizada su convalidación. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ya afirmaba en una entrevista en este diario que no descartaba que hubiera cambios en la tramitación. Desde la cúpula de su partido en la Cámara baja apuntan que antes de que se vote puede que el Ejecutivo se vea obligado a ordenar más normas para frenar el ascenso imparable de los contagios dada la expansión de la variante ómicron. En ese caso, sería el Gobierno el que querría introducir enmiendas, o el que puede no estar interesado en la convalidación si, por el contrario, la ola se ha frenado y es posible revertir la obligatoriedad del tapabocas en la calle.


¿Cuándo se votará en la Cámara? Fuentes de la dirección socialista apuntan que no está decidido, pero el pleno de convalidación del decreto de mascarillas y el de reforma laboral podría fijarse para finales de enero, en una sesión extraordinaria. Realmente, podría convocarse a sus señorías a principios de febrero (los 30 días que tiene el Ejecutivo para conseguir el refrendo de la Cámara son hábiles, algo más de un mes natural), pero la intención, por ahora, es separar la votación del arranque de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13-F, el 28 de enero. La semana previa a los comicios, como ocurre siempre que hay una convocatoria electoral, no hay pleno en el Congreso.