Investigación

¿Le concederá el juez inglés a Juan Carlos I inmunidad ante la demanda de Corinna?

  • El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales comenzará el lunes a escuchar los argumentos de las partes

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Nueva York, en el 2016. 

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Nueva York, en el 2016.  / GETTY IMAGES / ANDREW TOTH

9
Se lee en minutos
Ernesto Ekaizer
Ernesto Ekaizer

Escritor y periodista.

ver +

El próximo lunes, 6 de diciembre, se abre en Londres una audiencia de dos días en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, sobre una demanda civil presentada por Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra Juan Carlos I por acoso, seguimiento ilegal y difamación, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes oficiales del tribunal. Un juez escuchará, como cuestión previa, tanto los argumentos de la defensa del rey emérito, los abogados del bufete Clifford Chance, que impugnan la jurisdicción inglesa sobre los hechos porque, afirman, Juan Carlos I goza de inmunidad soberana en su calidad de exjefe de Estado, y los de la demandante, que cuestiona la aplicación de dicha doctrina. 

"La audiencia está prevista la semana próxima y tendrá lugar en persona", escribió a este diario la mañana del jueves, 2 de diciembre, en un correo electrónico Rupkiran Bhamra, de la sección del tribunal en la que ha sido presentada la demanda civil. El Tribunal dio curso a la demanda civil, presentada a finales de 2020, el pasado mes de marzo, en la denominada Queen's Bench Division, donde se ven los casos civiles y penales más complejos, con el número QB-200-004165. En Corinna zu Sayn Wittgenstein y Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón' -según está etiquetada la causa-, los abogados de Corinna sostienen, a lo largo de 32 folios, que Juan Carlos I impulsó presuntas acciones ilegales contra su cliente, desde 2012 hasta el presente.

Extracto de la demanda de Corinna al rey Juan Carlos

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que da fe con su firma, de que los hechos descritos en la demanda son veraces, pide como medida cautelar una orden judicial de alejamiento para Juan Carlos I y sus agentes que "les impida comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a una distancia inferior a los 150 metros". Asimismo, exige una indemnización por daños y perjuicios, sin cuantificar, para cubrir los diferentes costes provocados por el acoso para su familia y su trabajo.

La demanda -a la que ha tenido acceso oficialmente EL PERIÓDICO a través de una solicitud ante la High Court of Justice- está dirigida contra Juan Carlos I. En la narración de los denominados 'particulars of claim', el general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el momento de los hechos, tiene especial protagonismo, siguiendo instrucciones del entonces rey de España y actual rey emérito, según el escrito.  

Juicio perdido

Precisamente, fue Sanz Roldán quien, a petición propia, informó a los diputados miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el 25 de julio de 2018, que había viajado a Londres en mayo de 2012 para reunirse con Corinna, un hecho que volvió a admitir en sede judicial española el 15 de enero de 2021, al celebrarse el juicio oral que impulsó él mismo, a través de la Abogacía del Estado, contra el excomisario José Manuel Villarejo por denuncia falsa y calumnia, al señalar públicamente al director del CNI como autor de amenazas de muerte a Corinna. Ese juicio lo perdieron Sanz Roldán y el CNI, representados por la Abogacía del Estado: Villarejo resultó absuelto. Corinna declaró como testigo desde Londres que, en efecto, el director del CNI amenazó su integridad física y la de sus familiares. 

Esa absolución de Villarejo es una pieza penal que añade credibilidad a las acusaciones de la demandante, quien afirma haber sido amedrentada repetidas veces por presuntos agentes del CNI en Londres y Mónaco, donde también tiene residencia. 

Es un hecho que la reunión que Sanz Roldán mantuvo con Corinna el 5 de mayo de 2012 en su suite, la número 518, de The Connaught Hotel, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, no es motivo de disputa o, según se dice en la jerga judicial inglesa, es 'common ground', terreno común.  

El contenido de la misma sí está en discusión. Corinna sostiene que Sanz Roldán la amenazó a ella y a su familia si no mantenía la boca cerrada sobre sus relaciones con Juan Carlos I, y el general lo niega, aunque no ha querido revelar por qué la visitó en Londres y qué hablaron, por tratarse, según ha argumentado, de “materia reservada”. 

Misión en Londres y Mónaco

Las diligencias de esta demanda civil pondrían en evidencia el uso del CNI y el encargo de una misión de Juan Carlos I al general Sanz Roldán para sus fines personales en 2012 cuando era rey en ejercicio y la posible continuidad de las operaciones del CNI de acoso y seguimiento, encomendadas a Sanz Roldán, en Londres y Mónaco, cuando Juan Carlos I pasó a ser rey emérito.

Testimonio de Corinna sobre el supuesto acoso del CNI

Corinna enumera distintas propuestas de Juan Carlos I para rehacer su relación sentimental y casarse con ella, después de donarle 100 millones de dólares en junio de 2012 – una cantidad que el rey español había recibido en 2008 del rey Abdullah de Arabia Saudí en su cuenta de la fundación Lucum, en el banco ginebrino Mirabaud- y su cambio de actitud, con una conducta claramente agresiva cuando ella se negó a reiniciar esa relación, que el rey emérito acompañó con la exigencia de que le devolviera el “dinero y otros regalos”. 

En la demanda, Corinna señala que Dante Canonica, abogado suizo de Juan Carlos I, quien redactó los documentos de la “donación irrevocable” de los citados 100 millones de dólares, participó a su vez en una reunión, celebrada el 16 de septiembre de 2014 en The Connaught Hotel, en Londres, en la cual Juan Carlos I exigió a su examante la “devolución de los 100 millones de dólares o ponerlos a su disposición para su uso”. 

Un "regalo irrevocable"

Canonica manifestó a su cliente, Juan Carlos I, según la demanda, que “nunca le había dicho que la donación había sido otra cosa que un regalo irrevocable” y que había "preparado los documentos sobre esa base y que no hubiese autorizado la transferencia sobre otro criterio en su papel de administrador de la fundación Lucum. Dijo que era irrevocable y no podía ser usada en beneficio del ahora acusado…”. Esos 100 millones de dólares son investigados por el fiscal suizo Yves Bertossa, desde el 6 de agosto de 2018 en diligencias por un presunto blanqueo de capitales agravado en relación con su posible vinculación a la adjudicación del AVE del Desierto, que unió en Arabia Saudí las ciudades de La Meca y Medina, a un consorcio hispano-saudí -Al-Shoula- que rebajó un 30% el precio ofertado para así a la propuesta del consorcio francés rival Alstom-SNCF. Corinna, precisamente, es una de los cinco imputados en Suiza desde 2018 en ese procedimiento por presunto lavado de dinero.

Según la demanda civil, Juan Carlos I, tras fracasar su renovada propuesta de casarse con Corinna y vivir en un palacete de Madrid, proyecto del cual el emérito le exhibió los planos, comienza a difundir entre las amistades comunes “la historia” del robo de los 100 millones de dólares que a su vez le había "regalado" el rey Abdullah.

Declaración de verdad de Corinna en su demanda contra el rey Juan Carlos

El amigo dominicano

Es el caso de Pepe Fanjul, el magnate del imperio azucarero erigido en Cuba y propietario de Fanjul Corporation, con residencia en Miami, a cuyo complejo turístico Casa de Campo en la República Dominicana viajó Juan Carlos I en junio de 2014, después de abdicar. Según la demanda, el rey emérito, en uno de los viajes en el yate de los Fanjul a los que fue invitado, cuenta que Corinna es una ladrona, una historia que también relata al multimillonario mexicano radicado en Londres, Allen Sanginés-Krauze, quien, según la demanda, fue presentado por Corinna a Juan Carlos I y de quien se convertiría en su asesor financiero personal.  

Precisamente, Sanginés-Krauze giró fondos por alrededor de 800.000 euros al testaferro de Juan Carlos I, el coronel del aire Nicolás Murga, transferencias sobre las que el emérito ha presentado una regularización ante la Agencia Tributaria para evitar el delito fiscal. 

Los abogados James Lewis, Jonathan Caplan y Adam Chichester-Clark presentaron la demanda el 29 de diciembre de 2020, cuya tramitación comenzó en marzo pasado. Juan Carlos I, residente en Abu Dabi, contrató al bufete Clifford Chance por sugerencia de su abogado en Madrid, Javier Sánchez-Junco.  

Cuestiones pendientes

El juez a cargo, antes de convocar a las partes para acordar el curso de la acción civil (citación de testigos y presentación de documentos de prueba) tiene que resolver una cuestión preliminar: los abogados de Juan Carlos I rechazan la jurisdicción inglesa y se amparan en que Juan Carlos I ha sido jefe de Estado de España y que goza de ella en su condición de exjefe de Estado o rey emérito. El argumento de la inmunidad soberana tiene un antecedente negativo para Juan Carlos I en la sentencia del comité judicial de la Cámara de los Lores de 1999, en su condición de tribunal supremo, que denegó la inmunidad del exdictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, detenido en Londres, por delitos de tortura tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Pinochet perdió la batalla legal en el juicio de extradición. Los jueces-lores dictaminaron por mayoría que entre las funciones de un jefe de Estado no se encuentra el delito de tortura. Y rechazaron amparar al exdictador frente a la exigencia de extradición de España.

'El rey no puede delinquir'

Noticias relacionadas

Esta doctrina se traduce en la máxima, en latín, 'rex non potest peccare': el rey no puede delinquir. Rechazar la jurisdicción de los tribunales ingleses implica exigir la inmunidad de ejecución ('immunity from enforcement'), es decir, no responder por el acoso, el seguimiento ilegal y la difamación. El periódico británico 'Daily Mail' ironizaba el 17 de octubre de 2021 que los abogados de Juan Carlos I habían rechazado la demanda civil con el motivo siguiente: "No puedes demandarme, he sido Rey".

James Lewis, uno de los tres abogados de Corinna que firma la demanda civil, participó en 1998 y 1999 en el equipo de juristas que defendió a favor de la Fiscalía de la Corona inglesa -que representaba a España en la batalla legal por la extradición de Pinochet- la inexistencia de amparo para el exdictador de la doctrina de la inmunidad soberana. En este procedimiento civil, Juan Carlos I es parte directa ya que la demanda va dirigida contra él, a diferencia de las investigaciones sobre sus actividades en España y Suiza, donde, hasta ahora, nunca ha sido imputado. El juez a cargo de escuchar los argumentos sobre la inmunidad soberana dictará una resolución susceptible de ser recurrida.